[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las niñas y los niños de Yucatán corren el riesgo de ser usados como conejillos de indias, advirtieron funcionarios federales y representantes de organismos no gubernamentales al denunciar las diversas arbitrariedades que prevalecen en la recién decretada Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán.
La secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), Virginia González Torres, destacó las numerosas irregularidades plasmadas en esta ley, tal el caso recluir a menos de edad en hospitales psiquiátricos y efectuarles intervenciones quirúrgicas cerebrales, posturas que violan las normas internacionales.
Incluso, en dicha normatividad local, emitida de acuerdo con el Decreto 643/2018, publicado en el Diario Oficial del Estado el pasado 27 de agosto, se establece claramente que “cualquiera te puede meter al psiquiátrico, bajo cualquier argumento, hasta por represalia política”.
Ante tal problemática, aseveró que titulares de diversas ONGs de Estados Unidos y México se reunieron para analizar las violaciones a los derechos humanos, en especial, en contra de los infantes, cuyos resultados se darán a conocer en breve, e incluso, se entregarán al Gobierno del Estado así como al congreso local.
Reprobó los artículos 57 y 58 de dicha Ley, en la cual se especifican los motivos y procedimientos por los cuales a un menor de edad se le puede internar en un psiquiátrico.
Lo peor de todo, los infantes pueden ser sometidos a cirugías, tal el caso de una lobotomía, es decir, procedimiento efectuado en los lóbulos frontales del cerebro, en la cual se destruye las vías nerviosas sin extirpación.
Según el Artículo 59, “Las intervenciones quirúrgicas en niños y niñas, únicamente han de realizarse en caso de enfermedad grave que ponga en riesgo su vida, previa indicación de su médico tratante, revisión del comité de ética e investigación de la institución y la autorización del representante legal”.
Explicó que “la decisión de efectuar dichas cirugías estaría a cargo de un “comité de ética e investigación del psiquiátrico, o sea, son ellos mismos quienes tomarán las medidas que consideren adecuadas para ellos, es decir, para su propio beneficio”.
La funcionaria federal expresó que “la Ley viola los derechos humanos y las normas internacionales, al poner en riesgo la integridad de las niñas y los niños yucatecos, así como también, los adultos están en riesgo de ser encerrados en el psiquiátrico por razones políticas”.
“En el aquel entonces gobernador Rolando Zapata Bello, la firmó por desconocimiento de la gravedad y el riesgo que hay para los yucatecos. Es una vergüenza que un mal trabajo legislativo ponga al Estado en la mira internacional como violador de los derechos de las niñas y los niños”, subrayó.
Enunció el artículo 55, el cual establece que “Toda autoridad, actor social o líder comunitario que esté en contacto con personas que sugieran sintomatología de trastornos mentales, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos”.
“La ley está muy mal elaborada, es un horror, fíjate nomás lo grave que es el hecho de que una persona con afinidad civil te pueda meter al psiquiátrico, es decir, tu propia suegra puede pedir tu reclusión bajo la excusa de que tienen un problema de salud mental”, indicó.
Ante las arbitrariedades, se reunió con el fundador y director ejecutivo de Disability Rights International (DRI), Erik Rosenthal; así como la titular de la Fundación “Sonríe estás vivo”, Valentina Baes Patiño; la encargada de “Todos comen”, Lizdah García Rodríguez; el representante de la Fundación Dignidad”, Alejandro Acosta, y por parte de la Fundación Mexicana para la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental, María Elena Bravo Bustamente.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
