[vc_row][vc_column][vc_column_text]México requiere urgentemente de una nueva Ley de Bioseguridad de Organismos de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), ya que la actual, que data de 2005, sólo beneficia a las transnacionales, afirmó el director de comunicación del colectivo MaOGM, Luis Arturo Carrillo Sánchez.
Remarcó que con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el decreto que declaraba a Yucatán como Zona Libre de Cultivos con Organismos Genéticamente Modificados (Zlogm), el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tiene la mejor oportunidad para cumplir con su promesa de campaña de rechazar la introducción y siembra de transgénicos en todo el país.
“Es el momento ideal para que López Obrador haga realidad sus promesas de campaña, enviando al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Bioseguridad de OGM para que se prohíban los cultivos transgénicos en definitiva”, acotó.
Asimismo, para que instruya a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) para que den una respuesta positiva a la solicitud de las comunidades mayas de declarar los 10 municipios de Yucatán como Zlogm, solicitud que está congelada desde hace siete años.
Sugirió que la iniciativa de ley debe de satisfacer las necesidades de los campesinos, ya que la actual y obsoleta normatividad sólo beneficia a transnacionales, como Monsanto.
“La Ley fue dictada por las transnacionales para satisfacer la iniciativa privada internacional y no la economía mexicana”, subrayó.
Recordó que el pasado miércoles 14, el tribunal pleno de la SCJN invalidó el decreto que declaraba al Estado como Zlogm al mismo tiempo determinó que es facultad exclusiva de la Sader establecer dichas zonas.
El entrevistado expresó que “el primer mandatario tiene una excelente oportunidad de materializar su postura contra los transgénicos y de apoyar totalmente al sector agropecuario, y para ello es importante hacer a un lado el discurso para que se transforme en una Ley de Bioseguridad de OGM”.
Abundó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de Yucatán, para demandar la invalidez del decreto publicado el 26 de octubre de 2016, en el Diario Oficial del Estado.
Carillo Sánchez añadió que en 2012, poco más de dos mil apicultores yucatecos de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab comenzaron los trámites que exige el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de OGM, demandando la declaración de Yucatán como Zlogm.
Sin embargo, la respuesta de la autoridad agrícola federal fue que no existía la normatividad aplicable para dar paso a tal declaratoria por lo que los apicultores tramitaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida por la omisión de las autoridades federales.
El juzgado resolvió de manera favorable a los apicultores y ordenó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a la Cibiogem que realizara una consulta en materia indígena en los municipios y emitiera una nueva resolución.
Tal postura dio pauta para impugnar la resolución del juez ante un Tribunal Colegiado, quien después de casi tres años otorgó el amparo y estableció la responsabilidad de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para resolver dicha solicitud.
Desde julio de 2018, el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, “está pendiente por dar trámite a la demanda de los apicultores: declarar la primera Zlogm en nuestro país”.
De lograr el beneficio para estos 10 municipios yucatecos, sería la única región de su tipo en el país, concluyó.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
