[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán están en riesgo ante la situación actual del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey). En un análisis de las finanzas públicas yucatecas, la compañía internacional Moody’s alerta que el sistema de pensiones de Yucatán actualmente tiene un período de suficiencia de pocos años.
Si no se toman medidas drásticas, previene la calificadora internacional, “pudiera generar presiones negativas para las finanzas del Estado en el largo plazo”. Es decir, el Gobierno del Estado tendría que pagar más intereses por créditos futuros, destinar recursos presupuestales al Isstey u otras consecuencias adversas para los recursos públicos.
La calificadora Moody’s confirma uno de los primeros diagnósticos que realizó la actual administración estatal: el Isstey se encuentra sin viabilidad financiera, está prácticamente en quiebra. En este esquema heredado de gobiernos anteriores, como se ha informado de manera oportuna, la quiebra total se registrará en 2021, poniendo en riesgo las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados. Esta administración estatal está obligada a tomar medidas contundentes para evitar ese colapso.
Asimismo, se hace énfasis en el análisis de Moody’s, el orden administrativo que ha caracterizado a este gobierno no es suficiente: se requieren más acciones en el foco rojo de las pensiones. Como ya se ha declarado, la actual administración estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente a la inminente quiebra. Todos los esfuerzos son necesarios para defender las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados del Estado.
El Gobierno del Estado analiza todas las opciones posibles, con profesionalismo y responsabilidad. Entre las opciones está modernizar las normas relativas al instituto, así como homologarlas a las de otras entidades que se han enfrentado con éxito a escenarios similares. Hay que señalar que los problemas que atraviesa Yucatán en este aspecto igual afectan a otras entidades e incluso a la federación, desde hace ya varios años.
Administraciones pasadas optaron por medidas paliativas, de carácter urgente, que no resolvieron el problema de fondo. Durante la administración 2007-2012, de Ivonne Ortega Pacheco, el adeudo histórico al Instituto fue de 2,081 millones de pesos. Para liquidar esa deuda, el gobierno de Rolando Zapata Bello creó el Fideicomiso de la Reserva de Ucú en diciembre de 2014.
Sin embargo, dicha administración, de acuerdo al último informe financiero del Instituto, dejó un adeudo de más de $173 millones al Isstey por concepto de cuotas vencidas, más intereses moratorios.
Este gobierno está convencido que hay que actuar de manera integral y afrontar esta situación hasta sus últimas consecuencias: los yucatecos se lo merecen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
