* Francisco José Parra Lara.
Todavía no se termina de disipar el humo de lo ocurrido el domingo 1 de junio, en ese experimento que ha resultado ser la elección judicial, cuando ya ha habido bajas sensibles. Si bien las primeras fueron de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos aquellos cuya reputación es mayoritariamente favorable en los ámbitos jurídico y académico, las que más se están resintiendo son las de los demás tribunales judiciales.
Y es que no solo magistrados y jueces, federales como locales, están optando por jubilarse o retirarse, aun y cuando se hallen en óptima aptitud de seguir desempeñando sus funciones durante varios años más, sino que otros servidores públicos están haciendo lo posible, o al menos intentando, para dejar su cargo judicial antes de que el uno de septiembre de dos mil veinticinco inicie la ejecución práctica de la reforma judicial.
No hay cómo no entenderlos. No solo es el cambio, masivo, de titulares de tribunales y juzgados en México; esto sería, ciertamente, lo menos relevante. Lo más trascendental sería el inédito cambio que vendrá en la forma en que habrán de desempeñarse los poderes judiciales federal como locales; transformación que, para muchos, es vislumbrada como poco esperanzadora.
Dejando atrás lo especulativo, lo que tiene más objetividad y que en esta ocasión se resalta, en el tema de los daños causados por la reforma judicial de 2024, es el cese de las carreras judiciales.
Decenas de profesionistas, en la especie magistrados y jueces que, a pesar de tener una excelente preparación académica y experiencia judicial de muchos años, serán formalmente destituidos en las próximas semanas al no ganar la elección donde estaba de por medio su continuidad. No porque se les haya sancionado por corruptos o incompetentes, simplemente porque alguien tuvo más votos, por la razón que fuere, que ellos.
Como siempre, justos pagarán por pecadores. Decisión eminentemente política y no así, propiamente, jurídica, lo que queda de evidente manifiesto al observar que, en todo el resto del mundo, nunca se ha destituido a todos los magistrados y jueces de un país para luego suplirlos previas elecciones populares.
De entre esos juzgadores afectados, muchos conocemos de cerca, sea porque es familiar o amigo, a algún juez, jueza, magistrada o magistrado, que dedicó gran parte de su vida a defender la justicia mediante la interpretación y aplicación del derecho.
A quienes, en no pocos casos, se comprometieron tanto con la calidad de su trabajo que laboraron más de 80 horas, en promedio, a la semana; es decir, más del doble de duración de la jornada de trabajo por la que se les paga, de ahí que, en congruencia, el salario que reciben debería ajustarse o al menos reconocérseles que es para compensar tal dedicación.
Compromiso con la función judicial que puede equiparse al profesor de excelencia que, por cada hora de clase, debe abocarse otra hora, externa a su jornada laboral, para preparar adecuadamente su cátedra.
Analogía con el ámbito judicial que se configura ante los jueces que analizan los expedientes a su cargo antes de celebrar la audiencia, en la gran mayoría pública y en presencia de las partes, testigos, peritos, etc.; así como ocurre, respecto de los magistrados y ministros, que pasan varias horas estudiando todos los asuntos antes de avalar el proyecto de resolución que discutirán ante sus pares y de cara a la ciudadanía.
Dedicación de alta exigencia que justificaría por qué tales servidores públicos, incluidos también los secretarios a ellos vinculados, tienen prohibido, legalmente, desempeñar otro empleo coetáneo al judicial. Trabajo calificado que para la gran mayoría de la población es desconocido, y tal vez por eso no debidamente defendido en su momento, que no es posible de lograr sin estar de por medio el gran esfuerzo de los juzgadores.
Dedicación que, como pasa también con el gremio médico, suele absorber tanto al profesionista que son inevitables las afectaciones a su salud y vida privada.
En unas semanas más se consumará el acabose de los sueños y aspiraciones, producto de años, muchos en su mayoría, de los profesionistas que pasaron más tiempo leyendo y resolviendo asuntos, dejando así poco tiempo para tener una vida familiar.
Sin olvidar a las y los juzgadores que, ante el reto superlativo que era el tener el mayor éxito en la carrera judicial, sacrificaron el tener una vida privada plena.
Ese multifacético grupo de profesionistas está, hasta este momento de forma insalvable, despidiéndose de la impartición de justicia. De entre ellos, la minoría tendrá un haber por retiro o pensión digna de manera vitalicia. Muchos, como los jueces de primera instancia, sólo tendrán, medularmente, una única indemnización de unos meses de salario y, si acaso, la eventual, más remota que cierta, posibilidad de participar en una subsecuente elección judicial.
Conclusión: Que yo recuerde, la desaparición masiva y nacional de una categoría de servidores públicos en México solo se parecería a lo que ocurrió con los integrantes de la Policía Federal antes de que esta desapareciera para dar paso a la Guardia Nacional. Ejemplo que se quedaría corto para dimensionar con lo que pasa en el entorno judicial.
Dicen que mientras hay tristeza en una casa, en otra hay felicidad. Así pasa en el ámbito judicial, pues también hay quienes dieron un salto importante en su carrera profesional para acceder a la titularidad de un juzgado o tribunal. Dicha que en algunos casos tendría aparejada una amargura al ver que conocidos, incluso amigos, van a perder su cargo a raíz de la misma elección cuyo resultado mucha alegría les está trayendo.
Así es la vida, de claroscuros. Para los que se quedan vinculados con el trabajo judicial, la tarea inmediata e impostergable será aplicarse en el “control de daños”. No hay de otra si se quiere dignificar a la judicatura. Para los que acaban su carrera judicial, se les da las sinceras gracias por su aporte. Ojalá no se les eche mucho de menos en el futuro.
* Doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato.
