Yucatán se ubica en el último lugar nacional en casos de extorsión, delito que 2021 registró 9 mil 407 expedientes de investigación y que, en un 99 por ciento no se denuncian por desconfianza, temor o complicidad de las autoridades judiciales, señaló Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Este día, el organismo empresarial dio a conocer el monitoreo de seguridad que realiza entre empresarios del país y se consolidan con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) donde estableció que, la extorsión ocasionó pérdidas millonarias para la sociedad mexicana.
Según detalló en su estudio de Data Coparmex, la inseguridad aumentó notablemente en el país y se estimó que este delito impactó a unas 940 mil personas. En su caso, Yucatán apareció con 0.1 de estos delitos, en tanto que, Zacatecas fue el estado más afectado con 31.3 por ciento de los delitos registrados en el país.
Data Coparmex de Seguridad desveló que, el delito de extorsión en 2021 aumentó 12.3 por ciento en comparación con 2020. Y que la administración federal actual acumula la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas, en comparación con el mismo periodo en las cuatro anteriores administraciones.
Manjarrez Ayub destacó que, durante 2021 en México 9.9 por ciento de los empresarios yucatecos declararon haber sido amenazados o extorsionados en sus empresas o en sus actividades económicas, sin precisar si estos delitos se habrían realizado en la entidad o desde otros estados (por llamadas telefónicas o presiones a sus empresas en sucursales).
Dijo que, es preciso legislar de manera federal para crear un Código que atienda esta materia, ya que no hay legislación federal que ataque este delito y en tanto que, en algunos estados del país se puede tipificar el delito, en otros tantos no está incluido el procedimiento.
Recalcó que, las autoridades federales no cuentan con una base de datos, certificaciones y mecanismos para atener este delito y quienes cometen este tipo de infracciones pueden no tener sanción o seguimiento judicial en otros estados donde repiten sus mecanismos y procedimientos de extorsión.
Otro grave problema, dijo es que, los Ministerios Públicos en ocasiones no tienen la infraestructura ni la información adecuada para dar seguimiento a los extorsionadores en sus muy diferentes modalidades, lo que abre un espectro de impunidad para quienes van de un sitio a otro y repiten sus mecanismos de fraude o extorsión, abundó.
Recalcó que, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 (ENVE) del INEGI, el 99 por ciento de empresas víctimas de extorsión, no denuncian. Repuso que, en México las empresas invierten un estimado de 26 mil millones de pesos en medidas de seguridad para sus actividades, cantidad que se refleja en los productos y que debe de pagar el consumidor final, destacó.
Agregó que, las mediciones empresariales realizadas apuntan a que, en 2020 los delitos por extorsión superaron los 185 mil millones de pesos en México, esto es, el 1.1 del Producto Interno Bruto y que este problema de inseguridad está deteniendo la llegada de inversiones y nuevas empresas al país, comentó
