[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Alerta por Violencia de Género (AVG) tiene un avance del 70 por ciento, coincidieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, al destacar la necesidad de corregir las irregularidades que prevalecen en el Poder Judicial y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Entre los logros está la asignación de un presupuesto por 690 millones 202 mil 667 pesos, recurso etiquetado para la realización de programas dirigidos para el cumplimiento de los derechos de la mujeres y la igualdad de género.
La representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar reconoció que se asignó el 1.69 por ciento del total del presupuesto estatal correspondiente a éste año, el cual es el resultado del estudio para la elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal de 2018.
Agregó que para comenzare los trabajo y dar respuesta a la solicitud de la AVG, en 2017 se destinó 226 millones 577 mil 468 pesos, para investigación, capacitaciones, implementación del banco de datos, pago de consultorías, materiales, entre otros rubros.
Expresó que se requiere un mayor presupuesto para atender la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género en los 106 ayuntamientos así como en diversas dependencias del Estado.
Las principales anomalías prevalecen en la Codhey así como la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), donde “nada se hace para resolver el grave problema de violencia de género”.
“El presupuesto asignado a la Codhey se gasta inútilmente, pues no hay un beneficio real a favor de las mujeres, y ni qué decir en la Prodemefa”, abundó durante la conferencia de prensa.
Lamentó la actitud de las diputadas, ya que a ninguna de ellas le interesó la aprobación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, incluso no promovieron la iniciativa.
Confió que la próxima legislatura se interesa por el tema, y así evitar que la propuesta permanezca en “la congeladora” del Congreso del Estado.
“El Poder Legislativo se hace patos” para la aprobación de la Ley, y por lo pronto, nada se puede hacer, ya que los diputados locales están a punto de terminar su gestión.
Mencionó también el caso del Poder Judicial, donde los agresores de las mujeres tienen un mayor beneficio de las leyes.
Lamentó que los jueces dicten sentencias irrisorias a los feminicidas, así como a los agresores de mujeres, pues a uno de ellos le dieron una pena de 20 años.
Enunció también el caso del feminicidio de Jéssica Esmeralda Cano Baas, el 23 de junio de 2017, cuando su marido, Eduardo Enrique Real Castillo, la apuñaló en varias ocasiones en el interior de Plaza Fiesta, a quien le dieron una sentencia de 35 años de prisión.
“La sentencia debió de ser mayor, pero el juez sólo dispuso 35 años de prisión, y para saberlo, la hubieran puesto el delito de homicidio, así bien le pudieron dar 45 años”, subrayó.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
