[vc_row][vc_column][vc_column_text]En el Día Mundial del Medio Ambiente, pobladores de Homún y de Kinchil protestaron contra las empresas porcícolas que se han instalado en varias zonas de la entidad afectando los recursos naturales, principalmente el agua y los cenotes.
El Equipo Indignación y las agrupaciones Guardianes de los Cenotes y el Consejo Maya del Poniente de Yucatán “entregaron” el reconocimiento “Empresa Peligrosamente Racista y Contaminante” (EPRC) al grupo porcícola Kekén y a grupo Kuo, las cuales, aseguraron, se han distinguido por discriminar al pueblo maya, vulnerar el derecho a la consulta e imponer su proyecto económico que pone en riesgo los recursos naturales.
“Pero no solamente es Kekén, pues a la hora de defender nuestras tierras nos hemos topado con políticos, gobiernos, tribunales, jueces y empresas que han decidido colaborar con quien pone en riesgo la vida, el medio ambiente y también la armonía de nuestros pueblos”, expresó Carolina Ix, habitante de Homún en representación de los demás manifestantes.
Señalaron a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) que se ha distinguido por violentar los derechos del pueblo maya, que demuestra su racismo y discriminación, además de amenazar al medioambiente. Esta empresa es la principal inversionista de la mega-granja construida en el municipio de Homún y que pone en riesgo la reserva geo-hidrológica denominada “Anillo de cenotes” que integran más de 400 pozos de agua.
“Señalamos como colaboradores tóxicos al ex gobernador Rolando Zapata Bello, que favoreció indebidamente a PAPO; a la actual legislatura, en particular a la diputada Silvia López Escoffié, que promovió acciones y visitas favorables a la empresa, sin siquiera acercarse a conocer lo que el pueblo maya piensa”, aseveró.
Alberto Rodríguez Pisté, habitante de Kinchil, donde Kekén, instaló también una mega-granja, continuó la lectura y señaló además como colaborador tóxico al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que corrompió su función y entregó indebidamente un permiso que no estaba en sus facultades otorgar; a Eduardo Batllori Sampedro, titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) en la administración anterior que autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en medio de irregularidades.
Asimismo, arremetieron contra la extinta Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán (Indemaya), por sus omisiones frente a la evidente violación al derecho a la consulta del pueblo maya.
Y por su silencio cómplice, destacaron, a José Lafontaine Hamui, ex encargado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quien intentó castigar la defensa de los derechos humanos al mandar a clausurar los cenotes de quienes encabezan la defensa del agua, de los cenotes y del pueblo de Homún.
Los poco más de 50 de pobladores se manifestaron en el Monumento a la Patria, posteriormente caminaron hacia las oficinas de Kekén, ubicadas a unos metros del sitio histórico donde dejaron a las puertas dos botellones de agua contaminada y su posicionamiento.
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