[vc_row][vc_column][vc_column_text]Radar Político/Columna
Aceptación de parte, relevo de pruebas. No hay más, Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso, lo aceptó: él le dio el permiso al restaurante bar Mocambo, él permitió que funcionara pese a todas las fallas estructurales que tenía el local y pese a que no cumplía con las disposiciones para funcionar. Son afirmaciones que constan en un comunicado que difundió su oficina de prensa, no fue una declaración banquetera.
Su responsabilidad en la tragedia se corrobora con un recibo de pago de la licencia, firmada por cierto por Zacarías Curi, y se corona con su presencia en el corte del listón del establecimiento donde la tarde del domingo registró un derrumbe parcial, pero suficiente para matar a tres personas, incluyendo una niña, y dejar cinco lesionados.
Es hora de asumir culpas y pagar indemnizaciones, sin discusión. Es lo menos que esperan los deudos y lesionados. Hasta donde se sabe, por informes de familiares de los fallecidos, el empresario ya se puso en contacto con ellos, y ya están en pláticas para llegar a un acuerdo.
Es hora de rectificar lo que se hizo mal y borrarlo para siempre de Progreso. Es hora de que todos los responsables asuman la parte que les corresponde, porque omisiones hubo, negligencia la hubo… y fue criminal.
Hasta ahora, mal aconsejado por su asesor borgista, Zacarías Curi ha negado públicamente su responsabilidad (y en consecuencia no la asume), pero en sus comunicados de prensa tácitamente admite que tuvo omisiones que derivaron en la tragedia.
Si en verdad se quiere al fondo del asunto, el alcalde debe ser citado a declarar por la Fiscalía General del Estado por permitir que funcione un establecimiento que él sabía presentaba fallas estructurales, pero aún así firmó la licencia “provisional” y atestiguó la apertura del local.
En casos como este es factible fincar responsabilidades jurídicas, pues es probable que además de la culpa civil y penal haya también responsabilidad administrativa y/o la patrimonial, ya que no se concibe que el ayuntamiento del puerto no haya hecho nada para clausurar el local si sabía que estaba mal, que no era apto para funcionar al público, situación que pudo evitar tal trágico desenlace.
No hay impedimento para que Zacarías no declare. Hoy por hoy los presidentes municipales en Yucatán no tienen fuero y pueden ser procesados penal y administrativamente sin mayor trámite, y son sujetos de juicio político para destituirlos del cargo y en su caso inhabilitarlos para desempeñar otro empleo en el servicio público.
Por lo que se ve hasta ahora, mal aconsejado por su asesor borgista, Julián Zacarías no tiene intención de colaborar con las investigaciones de la tragedia, pero en los comunicados que le ha dictado el antiguo jefe de “trolles” y “bots” del encarcelado Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, ha revelado lo mal que estaba el Mocambo, y la mayoría de los establecimientos que expenden alcohol en el puerto.
También ahí se afirma que sí le dieron el permiso al restaurante bar, pero de manera “provisional” porque se detectaron fallas estructurales que ameritaban la intervención de protección, pero aún así el restaurante siguió funcionando… hasta el día de la tragedia.
Aquí aprovechamos para mencionar que si había alguna duda de la responsabilidad del alcalde, basta decir que él tiene a su cargo en el cabildo de Progreso las comisiones de Seguridad pública, Tránsito, Protección civil y Hacienda, es decir, no solo firmó la licencia de funcionamiento para autorizarla, sino que además fue omiso en su función de presidente de la comisión de Protección Civil del puerto. No hay como zafarse.
Esperemos que se le aplique la advertencia que se hace en el comunicado dictado por el asesor borgista: “En caso de comprobarse conforme a las investigaciones en curso responsabilidad de servidores públicos en funciones o de administraciones anteriores, se procederá con todo el rigor de la Ley conforme el caso lo amerite”.
Por cierto, Zacarías Curi anda desesperado buscando quién de la Tesorería filtró las evidencias. Ya tiene con qué entretener un rato a su borgista, a ver si así lo deja de mal aconsejar.
Repercusión política
Lo anterior es lo que concierne a la parte jurídica, pero este caso tiene también muchas implicaciones políticas.
En primer lugar, qué hace un presidente municipal, de un puerto o ciudad de la importancia de Progreso inaugurando una cantina, que además sabía que tenía fallas estructurales, que sabía que no cumplía los requerimientos y aún así le otorgó licencia.
El alcalde de un puerto de primer nivel como Progreso debe estar inaugurando parques, obras de infraestructura portuaria o turística, buscando inversiones, tratando de mejorar el puerto que recibe cada año varias decenas de cruceros.
Hace unos días se armó una polémica con unas declaraciones mal entendidas de la secretaria de turismo, Michelle Fridman, quien propuso borrar o desaparecer algunas cosas en Progreso.
Y sin duda lo que ha ocurrido con el Mocambo es de esas cosas que deben desaparecer. Imaginen que en el accidente hubiera muerto un turista internacional. Sin duda el daño sería mayúsculo, no solo para Progreso sino también para todo el estado y la industria turística nacional. Porque los titulares de prensa internacional no van a decir Progreso, van a mencionar que el accidente ocurrió en México.
Esta es una oportunidad para que se rectifiquen muchas cosas en puerto, ya es hora de hacer bien las cosas, pero sobre todo que el alcalde deje de mal aconsejarse por personas que no le traerán ningún beneficio, sino por el contrario pueden hundirlo. Recordemos dónde está ahora el anterior cliente de Lino Magos en Quintana Roo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
