Al menos 31 figuras políticas de los últimos siete años cuentan con concesiones de agua a su nombre, de acuerdo con una revisión al Registro Público de Derechos de Agua realizada por El Universal.
En conjunto, estos permisos autorizan el uso de más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año, volumen equivalente a 2 mil 511 albercas olímpicas, lo que refleja la alta concentración del recurso entre actores del ámbito público.
La investigación periodística señala que quien concentra el mayor volumen de agua concesionada es el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, con tres títulos registrados en Yucatán que suman 1 millón 402 mil 11 metros cúbicos anuales.
Le siguen la diputada federal Olga Sánchez Cordero y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, además de otros servidores públicos en activo y exfuncionarios de distintos niveles de gobierno.
El reportaje se da a conocer en un contexto marcado por la reciente expedición de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, aprobadas el pasado 4 de diciembre en medio de protestas de campesinos y productores agrícolas de diversos estados del país.
La nueva legislación plantea un cambio en el modelo de concesiones, al prohibir su transmisión entre particulares y otorgar mayores facultades a la Comisión Nacional del Agua para la reasignación de volúmenes.
Especialistas advierten que las reformas fortalecen el control del Estado sobre el recurso hídrico, aunque también abren la posibilidad de discrecionalidad y opacidad en la reasignación de títulos.
Durante la discusión legislativa, el tema de las concesiones escaló a un intercambio de señalamientos entre distintas fuerzas políticas, pese a que el análisis del padrón oficial muestra que hay concesionarios en prácticamente todos los partidos.
Además de legisladores, gobernadores y ministros del Poder Judicial aparecen en el registro con títulos vigentes para uso agrícola, pecuario o industrial, tanto en los estados que gobiernan como en otras entidades.
La revisión evidencia que el acceso al agua concesionada no es exclusivo de una corriente política, sino una práctica extendida entre actores públicos, justo cuando el país debate nuevas reglas para la gestión de un recurso cada vez más escaso.
