Una revisión interna realizada por el Poder Judicial del Estado de Yucatán reveló presuntas anomalías de consideración en la contratación de la empresa TotaSystems, responsable del desarrollo del sistema tecnológico SAPROJ, proyecto que habría implicado una inversión superior a los 30 millones de pesos.
De acuerdo con información surgida al interior del propio Poder Judicial, la empresa fue contratada mediante un proceso de adjudicación directa en diciembre de 2023, bajo el contrato identificado como DAF-46/2023 AD, durante el periodo en que Mauricio Vila Dosal encabezaba el gobierno estatal.
La forma en que se autorizó el acuerdo ha sido uno de los principales puntos de observación.
Los primeros reportes indican que la firma del contrato coincidió con el arranque del proceso electoral, circunstancia que ha despertado cuestionamientos sobre la oportunidad y las condiciones en las que se concretó la contratación del servicio tecnológico.
Asimismo, los hallazgos preliminares señalan que el monto total del contrato habría sido cubierto en su totalidad, pese a que no existe documentación pública ni verificable que acredite la correcta ejecución del proyecto.
Al interior del Poder Judicial únicamente se tendría constancia de un avance aproximado del cinco por ciento, sin entrega de sistemas funcionales, reportes técnicos, documentación de soporte ni productos finales.
A este panorama se suma que las garantías contractuales sólo cubrirían alrededor de 18 millones de pesos, cantidad menor al total contratado, lo que ha generado preocupación por la limitada protección de los recursos públicos.
Aunque el tema se manejó inicialmente de forma interna, el caso ha comenzado a generar inconformidad dentro del Poder Judicial, ante la posibilidad de que se determinen responsabilidades administrativas por un presunto manejo irregular de fondos.
