La empresa Inmobiliaria R4, propiedad de Rosas Moya, denunció públicamente que la Fiscalía General del Estado de Yucatán actuó fuera del marco legal al entregar los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá a Fernando Barbachano, pese a que existe una sentencia ejecutoriada que impide a autoridades de Quintana Roo intervenir en el caso.
De acuerdo con R4, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Estado de Yucatán emitió el pasado 5 de octubre de 2023 una resolución definitiva en la que declaró que las autoridades de Quintana Roo carecen de competencia para conocer o resolver cualquier asunto relacionado con los mencionados hoteles.
Sin embargo, denuncian que una jueza de ese estado ordenó, sin notificar a Inmobiliaria R4, que su Fiscalía solicitara a la Fiscalía de Yucatán la entrega de los inmuebles. Esta actuación, aseguran, fue jurídicamente inválida y dejó a R4 en total estado de indefensión.
Posteriormente, el 13 de junio de 2025, el Juzgado de Control y el Tribunal de Juicio Oral Penal de Cancún declararon nula la notificación realizada el 23 de abril del mismo año y comunicaron oficialmente esa nulidad a Fernando Barbachano. A pesar de ello, la Fiscalía de Yucatán procedió a entregar los hoteles, lo que para R4 constituye una actuación sin sustento legal y profundamente perjudicial.
Cabe señalar que actualmente existe un Juicio Ordinario Mercantil (expediente 512/2024) ante el Juzgado Mercantil Federal con sede en Mérida, en el cual Inmobiliaria R4 exige que Barbachano cumpla con un contrato de promesa de compraventa. Según lo informado, ya se le entregaron 4.5 millones de dólares y se han consignado ante el juzgado otros 1.5 millones más, en muestra de su voluntad de cumplir con lo acordado.
No obstante, la empresa acusa a Barbachano de intentar evadir sus responsabilidades contractuales para apropiarse tanto de los hoteles como del dinero recibido, actuando de forma dolosa y aprovechándose de la situación legal.
Finalmente, Inmobiliaria R4 reafirmó su confianza en las instituciones del Estado de Yucatán y en que se corregirá esta situación que califican como una grave afectación al orden jurídico.
