El Gobierno del Estado informó que las manifestaciones registradas este día en la comisaría de Sierra Papacal carecen de sustento frente a la evidencia documental y jurídica existente, y no corresponden a una falta de atención institucional, ya que la indemnización por la expropiación de las tierras reclamadas fue cubierta desde 1993.
De acuerdo con los antecedentes oficiales, en 1990 el Gobierno del Estado solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 231-00-00 hectáreas de tierras ejidales del poblado Sierra Papacal, municipio de Mérida, con el propósito de destinarlas a infraestructura estratégica de abastecimiento de agua potable.
Posteriormente, en 1992, mediante resolución presidencial, se expropiaron por causa de utilidad pública 223-69-16 hectáreas de terrenos ejidales de Sierra Papacal para destinarlos a la zona de captación del sistema de agua potable en los puertos de Chuburná y Chelem, infraestructura fundamental para el suministro del servicio en la región.
La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización correspondiente mediante avalúo basado en el valor comercial del terreno, estableciendo un valor unitario de $1,600,000.00 por hectárea, lo que dio como resultado un monto total de $357,906,506.00 por las 223-69-16 hectáreas expropiadas.
De conformidad con la documentación oficial del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria (Fifonafe), esta indemnización fue cubierta en 1993 a favor de los ejidatarios correspondientes, existiendo registros de al menos 128 de ellos que recibieron dicho pago y que continúan vigentes en el padrón ejidal.
En congruencia con los principios del Renacimiento Maya, que colocan en el centro la justicia social, la verdad y el bienestar de las comunidades, el Gobierno del Estado ha mantenido una atención directa, continua y verificable a las inquietudes planteadas por habitantes del ejido de Sierra Papacal.
Como parte de este proceso, se han sostenido 13 espacios formales de diálogo, entre ellos nueve reuniones en Palacio de Gobierno y cuatro encuentros en territorio del ejido, con la participación de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, autoridades federales, municipales y representantes comunitarios.
Durante estos encuentros se han abordado distintos planteamientos relacionados con el uso de tierras, la infraestructura hidráulica y proyectos de desarrollo regional, manteniendo en todo momento una política de puertas abiertas, escucha activa y búsqueda de acuerdos en beneficio de la comunidad.
El Gobierno del Estado subraya que su prioridad es preservar la estabilidad social, garantizar el respeto al marco jurídico vigente y asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales que benefician todos los días a miles de familias yucatecas. Por ello, actuará con responsabilidad institucional para proteger el interés colectivo y evitar afectaciones a la población.
En ese sentido, no se permitirán acciones que pongan en riesgo servicios indispensables, particularmente la interrupción del suministro de agua potable o cualquier acto que comprometa la atención y el bienestar de las familias yucatecas.
Finalmente, reitera su compromiso con el diálogo responsable, el respeto a la legalidad y la atención permanente a las comunidades, siempre privilegiando la estabilidad y el bienestar de Yucatán.
