Acusado de ocasionar la muerte de una menor y su abuela, además de dejar en mal estado a dos lesionados, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación al ciudadano A.T.R. por los delitos de homicidio y lesiones que ponen en peligro la vida, ambos cometidos por culpa, denunciados tras los hechos ocurridos el pasado 31 de julio en la carretera Mérida-Progreso.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial con sede en Progreso, los fiscales de litigación formularon la imputación de los delitos y a continuación expusieron los argumentos para vincular a proceso al encausado, quien se acogió a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación legal, por lo que el Juez de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 15 de agosto.
De las pruebas reunidas por los especialistas de la Fiscalía, se desprende que los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando el imputado conducía un vehículo automotor sobre la citada vialidad y al estar circulando sobre el kilómetro 30+500 y hacerlo sin la precaución y diligencia necesarias, impactó por alcance una motocicleta habilitada como mototaxi, la cual había realizado una maniobra atravesando carriles en la carretera, por lo que se produjo el accidente, donde perdió la vida una menor y la señora A.R.M.L., así como también resultaron lesionados N.L.S.M. y su pareja sentimental A.U.M., datos que se incluyeron en la carpeta de investigación que se judicializó bajo la causa penal 81/2022.
Cabe precisar que los conductores tanto del auto como del mototaxi (aún hospitalizado) fueron señalados en la carpeta de investigación por culpabilidad compartida tras el fatal accidente, por lo que la audiencia de imputación del segundo conductor continúa a la espera de su alta médica.
Por último, esta representación social expuso los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control, tras valorarlo, estableció que el ahora imputado deberá acudir a firmar periódicamente cada mes, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y deberá utilizar un localizador electrónico por todo el tiempo que dure el proceso.
