El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán, Moisés Bates Aguilar, reconoció que se tendría que eliminar plazas laborales para ajustarse a las disposiciones del llamado Plan B de la reforma electoral federal que abarca a organismos electorales de los estados.
Entrevistado sobre el tema, el consejero electoral refirió que ya están corriendo los plazos para que se apliquen las disposiciones que marca la normativa aprobada en el Congreso de la Unión y que deben ser atendidos en los estados.
«Estamos en un análisis de cómo estaría aterrizando esta reforma para el instituto electoral. Hay un mandato por parte del Congreso de la Unión de que 90 días antes de iniciado el proceso electoral, tanto el Congreso del Estado como el instituto electoral tendremos que ajustarnos», explicó.
Refirió que el organismo a su cargo se mantiene a la expectativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare o no la nulidad de ciertos artículos, tras los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, los cuales consideran que varios artículos del Plan B deben aplicarse por los congresos estatales y no por el federal, aunque se insistió en que en tanto no haya un efecto suspensivo, la reforma tendrá que aplicarse.
También, refiere que se tiene que esperar a que el Congreso estatal defina su planteamiento en torno al organismo electoral, es decir, realice los cambios que mandata la reforma a nivel federal, para lo cual ya se tiene acercamiento con este órgano del estado.
Según el entrevistado, no habría un despido masivo pero sí se tendría que prescindir de varias de plazas que hoy se tiene.
«Plantea comprimir en dos grandes estructuras, dos grandes direcciones y áreas ejecutivas y allá es donde mandata al Congreso del Estado y al Iepac a que se vayan ajustando en cuanto a eso y ese es el análisis que estamos tratando de generar en estos momentos», apuntó.
Se informó que la plantilla laboral del órgano electoral es de 140 personas, aunque hasta ahora se desconoce cuántas plazas se perderían una vez que se apliquen los mandatos electorales aprobados.
