Acusado del delito de abuso de confianza, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a C.A.G.C., por los hechos ocurridos el mes de julio del año 2020 en un predio del municipio de Ixil, donde impidió el ingresó a la denunciante, la empresaria Lizzi Ancona Chuc, quien es su socia en el negocio de fabricación y maquila de telas y productos textiles.
La agraviada presentó una denuncia y la Fiscalía comenzó la indagatoria, de la cual se desprende que el imputado y la denunciante son socios en la empresa de maquila que se encuentra establecida en la calle 20 de la citada localidad, donde el encausado no permitió entrar a la víctima, quien tenía el carácter de administradora de dicha sociedad, evitando con esta acción que la afectada sacará maquinaria de su propiedad.
La denuncia derivó en la causa penal 35/2021, que se desahoga en el en el Centro de Justicia Oral de Progreso.
En audiencia celebrada el pasado martes los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y después presentaron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso del encausado, quien se acogió a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que la Juez Tercera de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 13 de septiembre.
Antes de concluir la diligencia judicial, la representación social expuso los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez de Control, tras valorarlo, estableció que el encausado acuda periódicamente ante la autoridad competente, debe presentar una garantía económica y tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial, las cuales permanecerán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.
El caso, como hemos informado, afecta gravemente a costureras de Ixil y otras comunidades mayas aledañas que tenían una fuente de trabajo en la fábrica de textiles.
Incluso cuando la pandemia hizo descender los pedidos de ropa, se las ingenieron para continuar trabajando mediante la producción de cubrebocas bordados, pero de manera abrupta C.A.G.C. cambió las cerraduras, ya no permitió el acceso a las costureras y tampoco a su socia, la empresa Lizzi Ancona.
En febrero de este año el sujeto sacó las máquinas bordadoras propiedad de su socia para trasladarlas a un lugar desconocido en Mérida, pero intervino la Policía que decomisó los equipos.
Larga ha sido la lucha de Lizzi Ancona para recuperarlas y poder devolver sus empleos a las costureras mayas. Ahora el caso apenas comienza a caminar en el ámbito judicial mientras un grupo de mujeres pertenecientes a grupos vulnerables están en espera de que la justicia llegue.
