El no ratificado magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y los Municipios, César Antuña Aguilar, se inconformó contra el plazo de 30 días que el Juzgado Tercero de Distrito concedió al Congreso de Yucatán, para decidir sobre la reposición del proceso legistivo para nombrar nuevo titular del mencionado tribunal.
En primera instancia, el Juzgado había concedido un plazo de tres días para que el Congreso repusiera el proceso para decidir si ratifica o no a Antuña Aguilar, pero ante una solicitud del Poder Legislativo se decidió externder el plazo a 30 días, a fin de analizar a profundidad aspectos como el desempeño del ex magistrado, entre otros.
Por su parte, la diputada Silvia López Escoffié, presidenta de la Comisión de Justicia y Seguridad solicitó ante las instancias correspondientes el récord de sentencias que emitió Antuña Aguilar durante su gestión.
Se menciona que el desempeño del magistrado fue escaso, con un número de sentencias muy por debajo del ritmo de trabajo que amerita un tribunal administrativo.
Por considerar que en tres días sería imposible analizar el tema, el Congreso solicitó la ampliación del término, la cual no le conviene a Antuña Aguilar, pues saldría a la luz el bajo rendimiento que tuvo como magistrado, algo en lo que han insistido trabajadores y abogados que los defienden.
La comisión de Justicia y Seguridad del Congreso deberá dictaminar con base en el desempeño y las actividades jurisdiccionales desarrolladas por Antuña Aguilar por todo el tiempo que duró el encargo, analizando su productividad, las licencias y faltas de asistencia, entre otros puntos.
En su determinación anterior, el Congreso decidió no ratificarlo y propuso una terna para nombrar nuevo titular del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y los Municipios.
En su desempeño, Antuña Aguilar fue señalado de cometer varias irregularidades, como propiciar la lentitud del juicio que interpusieron trabajadores al servicio del ayuntamiento de Progreso, los cuales carecen de seguridad social.
En respuesta a la inconformidad de Antuña Aguilar, el Juzgado Tercero de Distrito señaló que dio por aceptado el escrito y ratificó el plazo de 30 hábiles, pero recordó que es perentorio, esto es, no se les concederá otra prórroga, y en caso, de que cumplan antes del término otorgado, lo deberán comunicar a la brevedad a este órgano jurisdiccional, a fin de estar en aptitud de acordar lo que corresponda.
