MÉRIDA.- En México, sólo se concretó el siete por ciento del total de extorsiones telefónicas registradas durante 2019, cuyo monto delictivo ascendió a 12 mil millones de pesos, informó el country manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), Mario Salomón Pineda.
Reconoció que a pesar de que Yucatán es uno de los estados más seguros del país, la extorsión es un grave problema que afecta notablemente a personas que caen en las trampas de los timadores.
Destacó que anualmente, en el país se realizan seis millones de extorsiones, de las cuales el 90 por ciento son telefónicas, y de este tipo de delitos, sólo el siete por ciento se concreta, es decir, la víctima logra pagar o depositar dinero.
Resaltó que la gran mayoría de las llamadas telefónicas salen de los centros penitenciarios del país, pues “se trata de una estructura de delincuencia organizada, son personas entrenadas en engañar”.
Mencionó que los números telefónicos de las viviendas, oficinas y dependencias los obtienen al azar o bien, utilizan directorios, que de manera ilegal les fueron proporcionado.
Comentó que de cada cinco delitos cometidos, uno es por extorsión, por lo que es el segundo de mayor incidencia en el país.
Aseveró que dado que ya se conoce de dónde emanan gran parte de las llamadas telefónicas, ya se solicitó a los diversos gobiernos estatales, así como al federal, que fortalezcan sus medidas de prevención en los centros penitenciarios del país, y sobre todo evitar la introducción de teléfonos celulares y chips.
El entrevistado abundó que la extorsión telefónica se comete en cualquier momento, y “son numerosas las trampas que ponen para hacer caer a cualquier persona”.
Salomón Pineda indicó que cuando hablan se presentan como algún familiar y empiezan a pedir información con base a engaños, para luego comenzar a extorsionar.
Asimismo, el extorsionador habla a determinada empresa, a altas horas de la noche, y ante el trabajador se hace pasar como el director general, a quien le explica que tuvo un problema, motivo por el cual le pide que vaya a su oficina, tome el dinero que está en su escritorio y que lo deposite a determinada cuenta bancaria.
“Un trabajador de buena fe hará lo su jefe le indique, pues para él no está cometiendo un delito a pesar que es víctima de un extorsionador”, subrayó.
Señaló que de acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Información, los montos obtenidos por las células criminales dedicadas a la extorsión y el cobro por derecho de piso, pueden alcanzar los 12 mil millones de pesos al año.
“Por esta razón, el crimen organizado ha intentado hacer de este delito un bastión importante para mantener activas sus operaciones durante el periodo de la emergencia sanitaria, enfatizó.
