Con información de El Nuevo Día/AP
MÉXICO, 26 de marzo de 2020.- La administración del presidente Donald Trump acusó este jueves al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y miembros de su círculo cercano por convertir a la nación Sudamericana en una alegada empresa criminal al servicio de los narcotraficantes y grupos terroristas.
El Departamento de Justicia federal acusa a Maduro y a sus asociados de conspirar con grupos rebeldes colombianos para “inundar a Estados Unidos con cocaína”.
“Estimamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas desde Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dósis letales”, dice la acusación.
Las acusaciones de fiscales en Miami y Nueva York tocan cargos por lavado de dinero y tráfico de Drogas, y se anunciarán en una rueda de prensa por William Barr, fiscal general de Estado Unidos, según dijeron cuatro fuentes consultadas por The Associated Press, que hablaron con la condición de mantener su identidad en el anonimato.
También se espera que Estados Unidos anuncie $25 millones de dólares en recompensas por información que conduzca al arresto o procesamiento de Maduro y Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. Se espera que el Departamento de Estado anuncie las ofertas de recompensa al mismo tiempo que el Departamento de Justicia haga públicas las acusaciones, dijeron los funcionarios.
Esta acción contra un mandatario en funciones prácticamente no tiene precedentes y apunta a incrementar a niveles no vistos hasta ahora las tensiones entre Washington y Caracas, en momentos que el nuevo coronavirus amenaza con colapsar el sistema de salud venezolano y una economía dependiente del petróleo afectada por años de corrupción interna y sanciones de Estados Unidos.
Analistas dijeron que las medidas sorpresivas podrían impulsar la reelección del presidente Donald Trump en el estado clave de Florida, donde ganó por un estrecho margen en 2016 y a donde han llegado venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyeron de regímenes autoritarios.
Sin embargo, no está claro cómo podría ayudar esto a poner fin a más de 15 meses de enfrentamientos entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó. También esto podría fragmentar la coalición de países que se han opuesto a Maduro si algunos latinoamericanos y europeos piensan que la administración de Trump se extralimitó.
“Este tipo de acción no hace nada para ayudar a una solución negociada, algo que ya es realmente difícil”, dijo Roberta Jacobson, quien se desempeñó como la principal diplomática del Departamento de Estado para América Latina hasta 2018.
Maduro, un exconductor de autobús de 57 años, se presenta a sí mismo como un ícono de la izquierda latinoamericana. Durante mucho tiempo acusó al “imperio” estadounidense de buscar cualquier excusa para tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo, comparando las gestiones actuales estadounidenses con la invasión de Panamá en 1989 y la expulsión del general Manuel Noriega para enfrentar cargos de narcotráfico en Florida.
Barr y Elliott Abrams, representante del Departamento de Estado para Venezuela, están impulsando una postura “halcón” de Estados Unidos hacia Maduro tanto como empujaron para el derrocamiento de Noriega a finales de la década de 1980, Barr como oficial senior del Departamento de Justicia y Abrams como secretario adjunto de Estado para América Latina.
Los funcionarios estadounidenses también ven otros paralelismos. Noriega transformó Panamá en un patio de recreo para violentos cárteles internacionales de la droga, mientras que la administración Trump ha acusado a Maduro y sus secuaces militares de albergar narcotraficantes, guerrilleros de Colombia e incluso de Hezbolá.
También han acusado a funcionarios del gobierno junto con empresarios bien conectados de robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales, gran parte de ellos del gigante petrolero estatal PDVSA, que ha visto su producción caer a un mínimo de siete décadas.
