Desde el año 2011 un grupo de pescadores que trabajaron para el empresario Martín Velázquez Cuevas están en espera de que la justicia laboral les llegue.
La espera ha sido larga y desesperados por falta de pago realizaron una protesta a las puertas de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje.
Hasta ahora el monto que deben cobrar los 16 trabajadores despedidos injustificadamente asciende a 35 millones de pesos, y el juicio se sigue alargando por dilaciones y tercerías que presentan los abogados del empresario pesquero Martín Velázquez.
El camino ha sido largo para este proceso de justicia federal, en el cual ya se emitió un laudo favorable a los trabajadores, pero falta de cumpla la parte patronal.
El caso ha sido complicado, pues incluso se extravió el expediente en la Junta de Conciliación, pero gracias a que los abogados conservan documentos certificados pudo reponerse el proceso el 30 de enero de 2018.
A los pocos días, en febrero de ese mismo año, se emitió el laudo favorable a los trabajadores, el cual fue ratificado por un Juzgado de Distrito el 11 de septiembre de 2019.
Como parte del juicio, se logró el embargo de dos embarcaciones, el Legitimus IX y el Nicte Ha II, pero durante la diligencia en la que se iba a efectuar el remate los abogados de Martín Velázquez presentaron una tercería de dominio y se suspendió la audiencia.
Una tercería de dominio significa que existe un tercer involucrado que se ostenta como propietario de los bienes a rematar.
De acuerdo con el abogado de los trabajadores, Raúl Rivero, todos estos recursos lo único que hacen es alargar el proceso y a final de cuentas el empresario pesquero va a terminar pagando los 35 millones de pesos o más si sus abogados continúan dilatando la llegada de la justicia laboral.
En marzo del año pasado, como informamos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que entre las cuentas congeladas por esa dependencia se encuentran las de una empresa pesquera yucateca, con operaciones en el puerto de Progreso, propiedad de Martín Velázquez, a quien algunas publicaciones señalan sus vínculos con el tráfico de especies protegidas y en veda.
Las empresas investigadas están relacionadas con defraudación fiscal, y en conjunto se trata de 12 mil 191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, además de narcotráfico y operaciones simuladas, entre otros delitos graves.
El hijo de Velázquez Cuevas, Esaú Velázquez Sosa, es aspirante de Morena a la alcaldía del puerto, y su yerno, Jorge Manzanero Ku alias “Payo” es contendiente al mismo cargo, pero por Movimiento Ciudadano.
