A más de tres meses de que la policía decomisó en la carretera Mérida-Chicxulub cuatro máquinas que fueron sustraídas de una planta textil en Ixil, mujeres de comunidades mayas no las han podido recuperar para volver a abrir el taller de costura que les permitía obtener ingresos, por lo cual solicitan una audiencia con el titular de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel León León.
La representante de las costureras y propietaria de las máquinas, Lizi Ancona Chuc, denunció que funcionarios de la Fiscalía la “pelotean” y la hacen dar vueltas desde hace varias semanas.
Los equipos industriales, que fueron decomisados cuando eran trasladados de Ixil a Mérida, permanecen en el encierro de grúas Abimerhi en la carretera a Progreso.
El expediente fue radicado en el Ministerio Público de Progreso, como parte del litigio que sostiene la empresa Lizi Ancona con su ex socio Carlos González Caamal, quien está acusado de apoderarse ilegalmente del equipo.
Las maquinas se recuperaron el 22 de enero, luego de que las sacaron del taller de Ixil y pretendían llevarlas a otro sitio no precisado en Mérida.
Este hecho ocurrió a los pocos días de que Yucatán Ahora publicó una denuncia de la empresaria y las costureras de comunidades mayas afectadas por el apoderamiento de las máquinas a manos de González Caamal, quien ordenó el cierre abrupto del taller de Ixil y se quedó con el equipo.
Ahora, una vez recuperadas las máquinas textiles, Lizi Ancona denuncia que son funcionarios de la Fiscalía los que retardan la entrega de las mismas a la empresaria, quien ha dado varias vueltas y la “pelotean” mandándola de una oficina a otra.
La empresaria acusa directamente a Pedro José Euán Conrado, jefe del departamento de Fiscalías Regionales, y a Nora Patricia Cauich May, directora de Fiscalías Regionales, de retardar la entrega de las máquinas que permitirán a las costureras mayas recuperar su fuente de ingresos.
De acuerdo con Lizi Ancona, los funcionarios no le dan una explicación coherente de por qué no se han entregado las máquinas, solo la envían de una oficina a otra.
Hace mes y medio acudió una vez más para ver cómo va el proceso para la recuperación y la historia se repitió.
La licenciada Patricia Cauich se niega a recibirla y cuando acude a la oficina de Euán Conrado, éste le dice que la única que puede autorizar la entrega es la directora de Fiscalías Regionales.
Las máquinas, como informamos, son objeto de un litigio que sostiene la empresaria Lizzi Ancona con su ex socio, Carlos González Caamal, quien está acusado de apoderarse ilegalmente del equipo.
Ambos se asociaron para crear la empresa “Grupo Textil Ixil”, dedicada a la fabricación, maquila, confección y enajenación de telas.
La llegada de la pandemia de Covid-19, en marzo del 2020, hizo que las ventas y la producción cayeran, pero las costureras, todas de comunidades mayas, le dieron un giro a la crisis confeccionando cubrebocas que tuvieron mucha demanda.
De la mano de Lizi Ancona, la empresa volvió a tomar rumbo y les iba bastante bien hasta que González Caamal cerró la planta, impidió el acceso a las empleadas y su socia, y se quedó con las mencionadas cuatro máquinas bordadoras.
Estas máquinas no eran parte de la sociedad que crearon, sino propiedad de Lizi Ancona, quien trató por todos los medios de recuperarlas, pero González Caamal se negó a entregarlas.
Esto propició que la empresaria interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público, pero hasta ahora la justicia no hace su parte y esto afecta a costureras que están en espera de recuperar su fuente de ingresos.
Ante estos hechos, Lizi Ancona solicita una audiencia con el fiscal Juan Manuel León, a fin de darle una solución a este problema que afecta económicamente a la empresarias y a las costureras que dependen de ella.
