El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán mantuvo su postura hacia la Reforma Judicial que ya fue aprobada y no la consideran “una solución”, por lo que ahora intentarán trabajar conjuntamente con los legisladores en base a las leyes secundarias y buscar mecanismos que puedan minimizar las posibles afectaciones.
Incluso, los empresarios locales manifestaron desde hace días sus preocupaciones con respecto a la propuesta y llegaron a solicitar a los diputados de Yucatán votar en contra, lo que finalmente no sucedió en todos los casos.
“La opinión es general, la hemos sostenido, no es la solución a los problemas que se plantean resolver, es algo que cuando la ciudadanía se de cuenta de las implicaciones va a llevar mucho tiempo revertir. Ahora, lo que sigue, el siguiente paso, es trabajar en las leyes secundarias con los legisladores para ver dentro de lo que ya está hecho qué se pudiera suavizar”, manifestó Alejandro Gómory Martínez, titular del CCE.
“Dentro del margen de maniobra que la ley permita, iremos trabajando para analizar lo que se pudiera suavizar y evitar que el daño sea enorme”, agregó.
El dirigente catalogó que la tónica de esta reforma ha sido rápida, con prisas y de acuerdo con su tipo y su impacto los procesos para su establecimiento no resultaron los correctos.
“La afectación se da principalmente en el estado de derecho, la función del Poder Judicial es defender las garantías individuales de las personas, con los cambios que se hicieron debilita mucho la estructura y la naturaleza por la cual existe. Los daños lo iremos viendo con el paso del tiempo y esperamos que sea lo menos posible”, expresó.
“A la hora de tomar decisiones de inversión es una ecuación multivariable, donde hay algunas que ayudan y otras que perjudican, el estado de derecho es una variable que cuando existe ayuda bastante y cuando carece puede perjudicar considerablemente”, concluyó.
