A pesar de la buena cobertura legislativa, con respecto a la Agenda de Género para el Estado de Yucatán, es urgente la homologación y la reglamentación operativa de algunas leyes, a nivel estatal, coincidieron las integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres de la entidad.
En conferencia de prensa se estableció que en esta agenda falta un mayor seguimiento a la asignación de recursos con perspectiva de género en todas las áreas de gobierno.
Mientras que en el Poder Judicial, numerosas son las irregularidades que prevalecen, tal el caso del exceso de expedientes rezagados, por lo que se viola uno de los preceptos constitucionales, de la expedición rápida y expedita de la justicia.
La representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, denunció la falta de personal calificado con perspectiva de género, además de atención y seguimiento a la solicitud de medidas de protección.
De igual forma, solicitó una mayor cobertura de atención jurídica en el interior del Estado.
Por su parte, la titular de Ciencia Social Alternativa, Nancy Walker Olvera, aseveró que “no queremos ser un obstáculo, queremos que las mujeres sean atendidas como lo mandata la Ley, en el marco de los derechos humanos”.
Informó que “nuestro interés surge de la preocupación por lo que está sucediendo con las mujeres, principalmente en el interior del Estado.
Así como por la falta de estrategias institucional integral para asignar recursos con perspectiva de género en todas las secretarías de gobierno y su vinculación institucional.
“Todo ello no se resuelve solo con un nombramiento, sino trabajando con transversalidad en todos los ámbitos de gobierno”, acotó.
Enunció que en los últimos tres años se han registrado 24 feminicidios, de los cuales, cuatro fueron en 2019; 12 en 2020, y ocho, en menos de siete meses.
También han ocurrido 27 asesinatos de mujeres y 26 suicidios femeninos, “alguno de los cuales son posibles feminicidios”, aseguraron.
Criticó que el mayor problema de Yucatán sigue siendo la violencia familiar en el interior del Estado, en donde no hay atención estructural.
