Radar Político
La reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones desató una oleada de críticas por parte de partidos políticos opositores al gobierno, al alegar que ahora los ciudadanos podrán ser “espiados” en tiempo real.
La discusión pública se centró en un signo de puntuación en el artículo 190, que regula la colaboración de los concesionarios de telecomunicaciones con las autoridades en materia de seguridad y justicia.
Un punto y coma mal interpretado generó confusión sobre el verdadero alcance de las obligaciones de estas empresas.
Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Uno de los más activos críticos de la reforma ha sido el senador priista Rolando Zapata Bello, quien, cabe recordar, durante su administración como gobernador de Yucatán adquirió un sofisticado sistema de espionaje digital conocido como “Galileo”.
Un reportaje del periodista Hernán Casares, publicado en el Diario de Yucatán, explica que documentos filtrados por Wikileaks en julio de 2015 revelan detalles de las ventas globales del software, entre ellas a gobiernos de al menos siete estados en México, incluyendo Yucatán.
Conviene recordarle a Zapata Bello que su gobierno firmó el contrato número 021-2014 con la empresa italiana Hacking Team —fabricante del sistema Galileo— el 15 de octubre de 2014, por un monto de 396 mil 109.50 euros.
Según los reportajes del Diario de Yucatán, el equipo fue adquirido a través de la empresa Elite by Carga, que fungió como intermediaria de la firma europea.
La compra convirtió a Yucatán en uno de los estados con acceso a tecnología de vigilancia capaz de intervenir teléfonos celulares, computadoras y tabletas, todo sin que los usuarios lo notaran.
El software Galileo permite capturar mensajes en redes sociales, registrar llamadas, tomar control de cámaras y micrófonos de los dispositivos, así como grabar imágenes y audios en secreto.
La filtración de miles de correos electrónicos y documentos de Hacking Team dejó claro que el uso de este sistema se expandió en gobiernos de todo el mundo, incluyendo México.
Así, mientras algunos critican hoy la reforma por supuestamente vulnerar la privacidad, su pasado reciente demuestra que ya se espiaba, con mayor sofisticación y en silencio.
Aunque el gobierno de Yucatán negó públicamente la existencia del sistema de espionaje durante esa administración, los documentos filtrados por Wikileaks apuntan con claridad a que el equipo sí fue adquirido y utilizado, contradiciendo la versión oficial.
