La omisión del Congreso del Estado en la ratificación de Luis Jorge Parra Arceo como consejero de la Judicatura del Estado de Yucatán abre la posibilidad de que suceda un caso similar al de César Antuña Aguilar, magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y los Municipios.
Tras dos años de lucha jurídica, finalmente en junio pasado los diputados priistas y sus aliados lograron imponerlo por un periodo de nueve años.
En el caso de Parra Arceo, debió ser ratificado o, en su caso, sustituido antes del 31 de julio, pero esto no ocurrió porque el Ejecutivo no propuso a nadie y al Legislativo no le interesó continuar el proceso, una vez que no cuajó el intento de promover al secretario general del Congreso, Martín Chuc Pereira, para dicho cargo.
En consecuencia, llegó el 31 de julio sin que se ratificara o removiera a Parra Arceo, quien promovió un amparo cuya audiencia se realizará el próximo 2 de septiembre.
En caso de ser ratificado, cumpliría el periodo comprendido del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2025.
Como parte de su solicitud de amparo, Parra Arceo pidió permanecer en el cargo hasta que se resuelva su demanda, pero el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán le negó esta solicitud.
Parra Arceo, quien es amigo de Gabriel Zapata Bello, llegó a ese alto cargo por recomendación especial del hermano del entonces gobernador Rolando Zapata Bello, y hoy con un Gobierno Panista, busca por la vía legal su ratificación de un Congreso agonizante de mayoría priista.
El Poder Judicial es el último reducto que le queda al PRI luego de que en 2018 perdió el Ejecutivo y en las elecciones del 6 de junio perdió la mayoría en el Legislativo.
