[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ejidatarios de Chocholá validaron las acusaciones de campesinos de diversos municipios del Estado, al manifestar que son también son víctimas de la corrupción que se atribuye al magistrado federal del Tribunal Agrario Unitario (TAU) 34 de Mérida, Luis Antonio Betancourt Sánchez.
Se sumaron a la solicitude de su destitución, ya que presuntamente está coludido con personal del Registro Agrario Nacional (RAN) en el despojo de tierra para el beneficio de empresarios.
El encargado del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Chocholá, Gonzalo Alcocer Peña, aseveró que Betancourt Sánchez pretende despojar de su patrimonio a campesinos de Bokobá, Cansahcab, Motul, Sinanché, Suma y de dicho municipio.
Remarcó que son numerosas las denuncias contra el magistrado federal, a quien acusan de recibir fuertes cantidades de dinero, aprobar documentos apócrifos, validar ilegales elecciones de comisarios, y beneficiar de manera directa a empresarios, anomalías que se registraron durante la administración del ex gobernador Rolando Zapata Bello.
Alcocer Peña apoyó el movimiento que se realizó el pasado lunes 17, en las puertas del TUA, donde ejidatarios de cinco municipios denunciaron las anomalías que prevalecen.
“Estoy seguro que no son los únicos ejidos afectados por Betancourt Sánchez, por lo que es necesario que campesinos se sumen para denunciar todas las irregularidades, y de ésta manera, exigir su destitución”, acotó.
En el caso de Chocholá, son cerca de 700 los parcelarios afectados por su actitud, anomalía que ya lleva varios años.
Mencionó el caso de Paulino May Moo, quien “con su séquito de usurpadores han vendido las tierras de forma ilegal. La situación se complicó cuando Zapata Bello entró como gobernador”
reprobó la actitud de los delegados del RAN y de la Procuraduría Agraria (PA), quienes “apoyan incondicionalmente a los empresarios y a sus secuaces, en los despojos de las tierras”.
Aseveró que se engañó a los ejidatario, a quienes “se les robó sus tierras”, para la creación de la denominada zona “Camino real”, con una extensión de 612 hectáreas, ubicada en la carretera Chocholá – Kopomá, las cuales están en juicio.
Expresó que hace casi seis años, los ejidatarios confiaron en los ahora ex comisarios para firmar el documento que les presentaron, sin imaginar que al firmar o poner su huella digital cedían su patrimonio al sector empresarial.
Comentó que el consorcio ahí establecido pagó para la realización de un estudio de impacto ambiental, el cual se entregó al magistrado federal, documento en el que se explica que en dicha área no hay evidencia de fauna silvestre y no se afectaría a la flora.
Ante tal anomalía, los ejidatarios pagaron a un biólogo para que efectuara un estudio, y se determinó que hay evidencia de fauna silvestre así como de flora endémica, propia de la región, que se vería afectada por dicha empresa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
