La disputa por la franja costera de Puerto Juárez se ha convertido en una muestra explícita de corrupción institucional y tráfico de influencias, donde el poder político y la estructura judicial del estado operan directamente en beneficio del patrimonio privado de la alcaldesa con licencia de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña.
Cobijada políticamente desde sus inicios por su cercanía con Jorge Emilio González Martínez, el «Niño Verde» —alianza que la impulsó a los primeros planos del poder local—, la hoy aspirante a la gubernatura utiliza a la Fiscalía General del Estado (FGE) como un brazo de presión e intimidación a través de la empresa familiar Operadora New Life S.A. de C.V., representada formalmente por su madre, Ana Patricia de la Peña Sánchez, y Rodrigo de la Peña Segura. El objetivo: despojar a las familias de trabajadores que han habitado y laborado en la zona desde hace más de tres décadas.
El móvil del atropello es meramente económico: los terrenos que históricamente albergaron a las comunidades pesqueras han multiplicado su plusvalía al quedar flanqueados por desarrollos de ultra lujo como Sha Wellness Clinic y St. Regis.
Con miras a controlar este corredor estratégico, la familia de Peralta de la Peña impulsó la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/UAT/05/5211/2023, acusando penalmente de «despojo» a la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Kukulcán S.C.L., organización legalmente constituida el 1 de marzo de 1994 y titular de concesión federal marítima desde 2010.
Lejos de conducirse con imparcialidad, la FGE ha exhibido un sesgo sistemático a favor de la cúpula gobernante. Los mandos del Ministerio Público se han negado a recibir las pruebas de descargo de los trabajadores y han desestimado de forma irregular la prescripción de la acción penal, ignorando que la cooperativa detenta la posesión pacífica e ininterrumpida desde hace 32 años.
En contraste, los expedientes promovidos por la empresa de la madre de la aspirante avanzan con una celeridad inusual, utilizando la fuerza pública y recursos del Estado para someter a los cooperativistas.
La colusión institucional alcanzó su punto crítico en la Carpeta Auxiliar 48/2025 del Tribunal Superior de Justicia, donde se ordenó el aseguramiento del restaurante de la cooperativa en abierta violación a la ley adjetiva penal y pasando por alto una suspensión definitiva otorgada por la justicia federal.
Mientras Ana Paty Peralta promueve sus aspiraciones políticas dentro del partido oficial, el aparato gubernamental presiona para privar del sustento a más de medio centenar de familias locales, consolidando una red de complicidad donde la procuración de justicia opera al servicio exclusivo de los intereses inmobiliarios familiares.
