Lo que durante años se comentó en voz baja en el oriente del estado ahora quedó asentado formalmente: el Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán (SEDER) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el presunto manejo irregular de más de 165 millones de pesos entregados a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY) entre 2019 y 2024.
De acuerdo con la información obtenida, la denuncia presentada ante la autoridad ministerial se dirige contra exservidores públicos de la SEDER y contra quienes fungieron como representantes de la UGROY en ese periodo, por hechos que –según el documento– podrían encuadrar en delitos previstos en el Código Penal del Estado de Yucatán relacionados con posibles actos de corrupción.
La denuncia fue presentada por el actual Director Jurídico de la SEDER, Erick Noe Zapata Ceballos, quien actúa en representación de la dependencia, asistido por un asesor jurídico particular, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas.
Se trata de recursos públicos cuya aplicación está siendo cuestionada, pues a lo largo de los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, la dependencia transfirió a la UGROY más de 160 millones de pesos mediante distintos programas y fondos estatales de apoyo al campo.
El dinero público habría sido destinado –al menos en documentación– a diversas asociaciones ganaderas del oriente yucateco.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, una revisión interna ordenada por la SEDER habría detectado irregularidades de carácter sistemático en el manejo de esos recursos.
Esa comunicación interna se consideró un “foco rojo” dentro del Gobierno del Estado y detonó la instrucción de revisar a detalle la documentación y los movimientos financieros asociados a los recursos entregados a la organización ganadera.
De esa revisión –según lo asentado en la denuncia penal– provienen los elementos que ahora la SEDER pone en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
La SEDER detectó que la UGROY habría presentado, año tras año, proyectos con el mismo objeto, la misma estructura y la misma justificación técnica, variando únicamente los montos.
Tras detallar estos hallazgos, la SEDER expone ante la Fiscalía que los hechos descritos podrían configurar, al menos de manera preliminar, delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, contemplados en el capítulo de “Delitos por Hechos de Corrupción” del Código Penal del Estado de Yucatán.
Estos recursos públicos estaban bajo la administración, custodia y control de servidores públicos de la SEDER y de representantes de la UGROY, conforme a reglas y fines específicos.
Existen indicios de que el dinero habría sido aplicado a fines distintos a los autorizados y sin la debida comprobación. Por ello, la SEDER solicita explícitamente que se investigue si hubo beneficios indebidos para particulares o para la propia organización, en perjuicio del erario estatal.
Finalmente, la SEDER pide que, una vez integrados los elementos de prueba, la Fiscalía determine si procede ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.
Como en todo proceso penal, las personas y entidades mencionadas en la denuncia gozan de la presunción de inocencia. Será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y en su caso los tribunales competentes, quienes determinen si los hechos descritos constituyen delito y si existe responsabilidad penal individualizable.
Mientras tanto, el expediente abre un nuevo frente en la discusión sobre el manejo de los recursos públicos destinados al campo yucateco durante los últimos años, y sobre quién deberá rendir cuentas si se confirma que los millonarios apoyos al sector ganadero del oriente del estado no llegaron a su destino.
