[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un grupo de mujeres protestó este lunes frente al Palacio de Gobierno, por presunta corrupción, abusos y agresiones contra menores de edad, que se atribuyen a funcionarios de la Procuraduría del Defensa del Menor y la Familia, que encabeza Rocío Euán Medina, así como contra la directora del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), Irene Torres Ortegón.
La abogada Dariana Quintal Narváez y un grupo de mujeres se apostó a las puertas de la sede del Ejecutivo para exigir la responsabilidad estatal por la omisión de la Fiscalía del Estado para investigar abusos, agresiones y mecanismos de corrupción por parte de las autoridades contra padres de familia y niños retenidos en ese centro de protección a infantes.
Dariana Quintal, responsable del organismo “No más negocios con nuestros niños en Yucatán”, señaló que la Prodemefa actúa a manera de mafia para dañar a padres de familia que reclaman la atención de sus hijos. Dijo que se han documentado al menos 4 casos de agresiones y abusos por parte de las autoridades contra padres de familia y niños.
Explicó que, las denuncias de padres de familia establecen exigencias de dinero, dictámenes y peritajes amañados, agresiones y presiones contra padres de familia que han emprendido litigios para la custodia de sus hijos y que en participación con diferentes abogados logran retener y desviar los actos de justicia para despojar a madres de familia de sus hijos.
Dijo que por estos hechos han presentado sendas denuncias a la Contraloría del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado para abrir líneas de investigación por procedimientos administrativos, dictámenes y peritajes injustificados y procesos civiles amañados.
La denunciante expuso que las querellas de padres de familia establecen procedimientos mal realizados y acuerdos extrajudiciales por parte de las funcionarias responsables para coaccionar a las madres de familia a recuperar la custodia de sus hijos. De ahí, las instituciones emiten criterios y valoraciones sin fundamento y sin el soporte legal correspondiente, estableciendo también la interpretación de jueces en favor de las víctimas.
Dijo que tanto la Prodemefa como el Caimede presionan a los infantes en custodia, agreden y lastiman a los niños ocasionando serios daños psicológicos. En su caso expuso que la pelea de la custodia de su hija lleva cuatro años y meses y no se emite un dictamen judicial aún, a pesar de que se han presentado pruebas con alegatos sobre los errores cometidos por los organismos estatales para proteger al presunto padre abusador que ahora detenta la custodia de su hija.
La denunciante dijo que tiene videos y grabaciones telefónicas realizadas a padres de familia para exigir dinero o artículos para sobreseer un procedimiento y cambiar el rumbo judicial de los procesos civiles que llevan los padres de familia para recuperar a sus hijos.
“A mí, dijo la denunciante, me pidieron un coche, a cambio de modificar los actos reclamados sobre peritajes y dictámenes realizados por la Prodemesa en el seguimiento de mi caso, que nunca se realizaron, visitas domiciliarias y citas que nunca se cumplieron y que se incluyeron en el expediente”, puntualizó.
Añadió que la Fiscalía se ha negado a realizar la investigación y se acumulan las denuncias por la corrupción, los daños a los menores y las acciones de irresponsabilidad, corrupción y mala actuación de los funcionarios responsables de la protección y seguimiento de estos casos civiles, repuso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
