La reciente demanda interpuesta por nueve equipos de la Liga de Expansión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la suspensión del ascenso y descenso en el fútbol mexicano ha provocado una oleada de reacciones. Entre ellas, destaca la postura de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), expresada a través de su secretario general y director jurídico, Iñigo Riestra.
No obstante, la figura de Riestra ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntos conflictos de interés. Las críticas se intensifican debido a sus vínculos familiares con altos mandos de clubes de la Liga MX, especialmente con su hermano José Riestra, actual presidente del Atlas F.C. y directivo del grupo Orlegi Sports.
Uno de los episodios más controversiales relacionados con esta familia ocurrió durante el bicampeonato del Atlas en el Clausura 2022, una final que estuvo marcada por decisiones arbitrales polémicas. En ese entonces, Iñigo formaba parte de la Comisión de Arbitraje de la FMF, mientras que su hermano presidía al club rojinegro, lo que generó fuertes sospechas sobre la imparcialidad de los arbitrajes.
Además, José Riestra también fue presidente del Tampico Madero, y participó activamente en el proceso que transformó la Liga de Ascenso en la actual Liga de Expansión. Poco después de ese movimiento, fue nombrado presidente del Atlas, lo que para algunos actores del fútbol fue interpretado como una “recompensa”.
Este contexto cobra aún más relevancia ante la posibilidad del regreso del sistema de ascenso y descenso, ya que Santos Laguna y Atlas —ambos propiedad de Orlegi Sports— ocupan actualmente las posiciones 15 y 16 del cociente, y serían los principales candidatos a perder la categoría en un eventual retorno del descenso.
Pese a que la FMF ha declarado públicamente que no existen conflictos de interés, la cercanía entre estos personajes y su relación con uno de los grupos empresariales más influyentes del fútbol nacional, despierta serias dudas sobre la transparencia y equidad en las decisiones del organismo.
Otro punto que ha generado inconformidad es el proceso de certificación que se exige a los clubes de la Liga de Expansión para poder ascender. Según diversas voces, dicho mecanismo es una simulación diseñada para proteger los intereses de ciertos grupos, especialmente los de Orlegi Sports, evitando así que sus equipos corran riesgos deportivos o financieros.
Finalmente, también ha generado controversia la participación de la firma Ernst & Young en estos procesos. En su momento, la FMF la presentó como una aliada clave para garantizar imparcialidad y profesionalismo. Sin embargo, esta empresa fue multada por el gobierno de Estados Unidos con 100 millones de dólares tras descubrirse que empleados hicieron trampa en exámenes para obtener licencias contables, además de haber ocultado evidencia. La compañía admitió los hechos y pagó la multa, pero aún enfrenta múltiples acusaciones por malas prácticas en auditorías a nivel internacional.
Aunque la FMF asegura que se rige con base en sus estatutos y que cumple con todos los protocolos establecidos, diversas fuentes aseguran que hay clubes —en especial los pertenecientes a Orlegi— que gozan de trato preferencial, permitiéndoseles operar fuera del marco reglamentario.
El caso continúa desarrollándose mientras la demanda avanza en el TAS, y muchos sectores del fútbol nacional exigen mayor transparencia, justicia deportiva y un verdadero compromiso con la integridad institucional.
