En relación al tema del conflicto de tierras en Ixil, representantes del Consejo Comunitario y del nuevo Comisariado Ejidal de Ixil, dieron a conocer que por un lado procedió un amparo que solicitaron para evitar que se dicte sentencia en su contra y sean despojados de los terrenos, pero por otro deben cubrir como medida cautelar un monto de 120 mil pesos.
Los habitantes informaron los avances en la defensa de las tierras ejidales y comunitarias, así como de medida cautelar relativa a las tierras en conflicto con las familias Abimerhi, Millet y Briceño.
Cabe señalar que un grupo de defensores del territorio de Ixil ganaron la elección del Comisariado Ejidal y nombraron como nuevo titular a José Cobá Cocom.
De acuerdo con Sergio Oceransky Losana, se interpuso una demanda por parte de las familias Abimerhi, Millet y Briceño, situación de la cual la comunidad no tenía conocimiento.
“Se manejó sin ninguna transparencia previa al operativo de agosto pasado. En abril de 2023 se estableció esta controversia por límites, donde las familias estaban buscando que se declarara que esas tierras son suyas, que es propiedad prvada y se fijaran las medidas necesarias para que ellos tuvieran el uso exlucisco de esas tierras, buscando una orden de desalojo para además de haber cerrado los terrenos sacar a toda la gente que sigue todavía teniendo la posesión de las tierras, esas tierras siguen en manos de la comunidad, continúan cultivando ahí”, expresó.
“La comunidad nunca supo nada, el ex comisariado jamás convocó a asambleas y lo que hizo fue declarar a favor de las familias, supimos de todo esto a través de uno de los juicios de la orden de aseguramiento, había un procedimiento en marcha en el Tribunal Unitario Agrario, investigamos y comprobamos que sí existía el juicio, que la comunidad jamás supo y que ya estaba muy avanzado, por cerrarse”, agregó.
El dirigente resaltó que ante el panorama se aplicaron dos acciones, ya que un grupo de ejidatarios solicitó una asamblea a través de un mecanismo que está escrito en la Ley Agraria, por lo cual si el comisarado ejidal no convoca a asamblea se solicita al consejo de vigilancia y si tampoco se logra, el siguiente paso es directo a la Procuraduría Agraria y se hizo todo ese procedimiento.
“También se metió una solicitud para que el consejo comunitario de Ixil, organismo que representa a la comunidad maya, no al ejido ni al municipio, fuese invitado a ese juicio como tercera parte, ya que se dirime solamente entre los empresarios y el comisariado, que se ponía a favor de ellos, además para que también estuviera la comunidad presente e hiciera valer los derechos de la población”, indicó.
“La buena noticia es que el amparo fue admitido, se reconoció la personalidad jurídica del consejo comunitario y se obtuvo la suspensión provisional para que no se pueda emitir sentencia. El juicio avanzó muy rápido, normalmente tardan años, pero ya estaba listo para sentencia, ahora con la suspensión no habrá esa resolución hasta que se resuelva y esperamos que se otorgue entrada al consejo al juicio como tercera parte”, añadió.
Sin embargo, Oceransky Losana reveló igualmente que en el mismo dictamen donde conceden la suspensión provisional, el juez decretoo una caución de casi 120 mil pesos para que se mantenga esa suspensión provisional.
“No tiene ningún sentido, es una forma de denegar la justicia, evidentemente una comunidad maya no puede poner 120 mil pesos, ya se impugnó esa caución y esperemos que se resuelva a favor de la comunidad”, apuntó.
