[vc_row][vc_column][vc_column_text]En Yucatán, son numerosas las defensoras de los derechos humanos amenazadas de muerte, aseveró la representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, quien lamentó que las denuncias interpuestas sigan congeladas.
Lo peor de todo, agregó, es que el Gobierno del Estado nada hace para que prevalezca la justicia, e incluso, protege a toda costa a los funcionarios involucrados, tal el caso de Diego de la Rosa Méndez, quien además se le acusa de secuestro y lesiones físicas cometidas en contra de una trabajadora.
“Tanto es su cinismo que para probar su inocencia puso como testigo a un personaje de la historia reciente del Estado”, subrayó.
En conferencia de prensa, dijo que hasta el momento ya se detectaron a tres agresores que se basan de las amenazas para intimidar, a quienes se les interpuso la respectiva denuncia, y a pesar de las pruebas presentadas aún no proceden.
En compañía de representantes de diversos organismos no gubernamentales lamentó la forma de proceder de las autoridades, específicamente, el fiscal General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk.
Pero sobre todo, el titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Aillound, quien ahora ostenta un cargo que le obsequió Zapata Bello, en recompensa por no emitir recomendación alguna en su contra.
“Ninguno de los dos ha resuelto las denuncias interpuestas por las agresiones físicas y verbales recibidas, y los presuntos responsables se mantienen en la impunidad”, agregó.
En el caso de Goff Aillound, aseveró que “si como titular de la Codhey, nada pudo hacer para garantizar los derechos humanos, ahora como vicefiscal anticorrupción será un inútil en el puesto”.
Lamentó la muerte de 22 defensoras de los derechos humanos, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, hechos cometidos en diversos estados.
En el caso de Yucatán, abundan las amenazas, sobre todo las de muerte, y a pesar de ellos, las defensoras de los derechos humanos continúan adelante con su labor.
Impunidad
De 2015 a la fecha son numerosas las amenazas de muerte recibidas por el simple hecho de defender a la mujer, entre las cuales, ya se interpuso tres ante la FGE y la Codhey, cuyo avance es nulo, a pesar de las pruebas entregadas, tanto en documentos como audios y videos.
Salas Salazar ejemplificó el caso del funcionario de la Secretaría Estatal de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Diego de la Rosa Méndez, quien fue acusado de abuso sexual, acoso laboral, amenazas e intimidación por la profesora de canto Teresita de las Mercedes Campos Ancona, cuyo calvario inició el 6 de enero de 2015.
Reprobó la actitud del titular de la Sedeculta, Roger Metri Duarte, sólo removió al coordinador general del Centro Cultural “Ricardo López Méndez”.
Lamentablemente, el caso está detenido tanto en la FGE como en la Codhey, por lo que es evidente el proteccionismo que brinda el titular del Ejecutivo.
Remarcó que al dar a conocer las anomalías, la joven fue secuestrada y golpeada de tal manera que estuvo a punto de perder la vida. Al sanar, siguieron las amenazadas, al grado que el Centro de Justicia le otorgó custodia policíaca durante tres meses.
“Fue el caso de cinismo más puro que he conocido, ya que entregó una lista de 150 nombres que están dispuestos a hablar a su favor, entre ellos, el mismo vate Ricardo López Méndez, quien falleció en 1989, y tenemos las pruebas. Lo peor de todo, la Codhey aceptó a todos ellos”, enfatizó.
Señaló que “de todas las denuncias interpuestas ante Derechos Humanos, el flamante vicefiscal anticorrupción a modo, ninguna resolvió, por lo que los casos siguen impunes”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
