[vc_row][vc_column][vc_column_text]Al menos 9 de cada 10 jóvenes que llegan a los sistemas de justicia penal para adolescentes registran contactos con estupefacientes. Las políticas públicas enfocadas a atender los problemas de farmacodependencia son dispersas y poco efectivas, aseguró el Magistrado del Tribunal Superior (TSJ) de Justicia, Santiago Altamirano Escalante.
El jurisconsulto, responsable del área de Justicia Penal para Adolecentes del TSJ, explicó que, el problema creciente de los jóvenes y las drogas no ha sido debidamente atacado. Es cierto que hay organismos que trabajan en esta materia, expuso, pero sus esfuerzos no son transversales, no hay una coordinación de esfuerzos para recudir el impacto de las drogas entre la población juvenil.
Altamirano Escalante rindió protesta este día como integrante de la asociación civil Centro de Integración Juvenil, que preside la comunicóloga Laura Castro Gamboa. En este evento, el abogado habló sobre la situación legal de cientos de jóvenes infractores y su vínculo con las drogas.
Destacó que uno de los problemas más graves es que incluso en el núcleo familiar el problema de las adicciones no se reconoce como un problema, no se atiende y tampoco ataca como una responsabilidad dentro del quehacer correspondiente a las tareas de integración de la salud familiar.
En este momento hay un debate sobre la legalización de la mariguana, pero, desde donde se observa esta condición y en ¿qué aspectos impacta a los jóvenes, a la salud mental de la sociedad?, preguntó el funcionario. En realidad, el debate es disperso, también porque hay aspectos legales que se incluyen, pero aspectos de salud que no se toman en cuenta, argumentó.
El creciente problema de los jóvenes que entran en contacto con los estupefacientes aumenta, pero la autoridad no logra enfocar un esfuerzo concreto para responder a la condición de vulnerabilidad de los jóvenes. Es preciso que la sociedad en su conjunto advierta los graves riesgos que implica el consumo de estos estupefacientes y corresponder a trabajar para reducirlos y con ello, los problemas que impactan al resto de la sociedad.
No hay continuidad, una dispersión de esfuerzos por atacar este tipo de problemas. Por ello se han incrementado la cantidad de jóvenes que tienen experiencia con este tipo de adicciones, con esto hay cantidad se muchachos que se convierten en adictos a las drogas y que al final acaban en problemas con la justicia, repuso.
Hay programas preventivos, hay organismos que trabajan todos los días, pero no se atacan los problemas de manera directa, desde el origen porque ahí es donde hay que ir para resolver los problemas de adicciones de los jóvenes, comentó.
Hay un tema insistente que es preciso establecer, subrayó, en el tema de las drogas, llámese el cigarro, el alcohol o la mariguana, para los menores de edad está prohibido. La responsabilidad de las autoridades es velar por el cuidado, protección y preservación de la salud de los jóvenes. Pero muchos de estos problemas no se atacan, no se advierten, no se denuncian, con ello, el problema crece, no se responsabiliza y tampoco la autoridad se compromete a cumplir la ley, sostiene el entrevistado.
En este momento, la ley ha tomado determinaciones para atender un problema, primordialmente la venta de la mariguana. Sin embargo, no integró una ley complementaria, es decir, no hay mecanismo para conocer quién debe de sembrar, quién debe de cosechar, quién debe de vender, dónde se debe de vender.
Por ello la autoridad no puede actuar en consecuencia y se mantiene el alto grado de irresponsabilidad sobre el uso, manejo y control de esta droga, recalcó. Las autoridades deben ahora entender la responsabilidad de invertir mucho más en prevención, porque, ya autorizó el uso de una sustancia, pero no reglamentó su venta, insistió[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
