El pleno del Congreso del Estado aprobó esta tarde el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2026 que asciende a 341 millones 761 mil 168.54 pesos.
El acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política fue aprobado por unanimidad de los 35 diputados de Morena, PVEM, PT, PRI, Movimiento Ciudadano y PAN, y que incluye las partidas para el Congreso del Estado, para la Auditoría Superior del Estado (ASEY) y para la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la ASEY.
El presupuesto para 2026 significa un aumento de 16 millones 371 mil 480.54 pesos, en comparación a lo que ejerce este año 2025 que es de 325 millones 389 mil 688 pesos.
Empréstitos
En esta misma sesión, los diputados de los seis partidos políticos también avalaron por unanimidad autorizar a los 106 ayuntamientos la contratación de empréstitos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) a devolver a más tardar el 31 de julio de 2027.
El dictamen por el que se autorizan los montos máximos de endeudamiento a los cuales podrán acceder los municipios del estado de Yucatán, para contratar uno o varios financiamientos que se destinarán a inversiones públicas productivas; asimismo, se autoriza la afectación como fuente de pago de un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal, y la celebración de los mecanismos de pago de los financiamientos que contraten; y el decreto 69/2025, por el que se modifica el referido decreto 39/2024.
En la discusión del punto, el diputado por Morena, Germán Quintal Medina dijo que los financiamientos se pagarán con el porcentaje que reciban los ayuntamientos del del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), y que los gobiernos municipales no necesariamente pueden disponer del total de montos aprobados, sino de acuerdo con las necesidades de las obras públicas que requieran.
“Los empréstitos otorgados no pasan de una a otra administración, sino que se liquidan dentro del periodo constitucional de ayuntamientos, para evitar heredar deudas a los siguientes ayuntamientos”, dijo Quintal Medina.
