El comisario de Santa María Chí, Wilberth Nahuat Puc, enfrenta un proceso penal que —asegura— surgió como represalia por defender a su comunidad de las afectaciones ambientales y de salud causadas por una granja porcícola cercana al poblado.
Aunque recientemente la Fiscalía notificó el no ejercicio de la acción penal en su contra, el comisario afirma que aún vive en la incertidumbre, pues la empresa denunciada tiene diez días para impugnar.
“Es un logro para la comunidad, pero sigo a la expectativa de qué va a ocurrir, porque todavía no se cierra el caso”, expresó en entrevista para #EnContexto, el pódcast de Yucatán Ahora.
Nahuat Puc fue denunciado por los presuntos delitos de despojo de cosas inmuebles y privación ilegal de la libertad, luego de participar en protestas pacíficas contra la contaminación generada por la granja.
“Yo temía que me mandaran al bote por una situación que realmente no ocurrió”, dijo.
“Nosotros solo defendimos nuestra salud y nuestro territorio. No hay ningún interés económico detrás, solo la protección de nuestra comunidad”.
El comisario relató que la lucha comenzó en mayo de 2023, cuando habitantes empezaron a enfermarse y a notar quemas irregulares.
“Ahí vimos una violación a los derechos humanos, empezando por el derecho a la salud. A pesar de las denuncias, nadie quiso intervenir por intereses políticos y empresariales”, afirmó. La comunidad, agregó, debió buscar acompañamiento legal en el Instituto Federal de Defensoría Pública de la Ciudad de México, al no confiar en las instancias estatales.
Wilberth Nahuat explicó que, desde entonces, ha recibido amenazas e intentos de desprestigio.
“Me han señalado en redes sociales, me han llamado vendedor de tierras, dicen que por mi culpa se encarecerá la carne. Todo eso afecta, pero sigo firme porque soy un servidor público que trabaja por su comunidad”, declaró.
“A veces cansa, psicológicamente pesa, pero tengo que resistir porque esto es por los niños y por lo que les vamos a heredar: un entorno sin contaminación”.
A pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total y definitiva a la granja, la comunidad denuncia que esta sigue operando.
“El juez mismo preguntó por qué seguían peleando si la clausura era definitiva, pero la realidad es que la empresa sigue inseminando y criando cerdos como si nada. Es como si fuera una simulación”, sostuvo el comisario.
“El portón aguanta muchas calcas y sellos, pero eso no es ejecución real”.
Los habitantes continúan padeciendo los malos olores, la presencia de moscas y mosquitos, y enfermedades respiratorias.
“Cada mañana se siente un olor penetrante a estiércol. La gente duerme con las ventanas cerradas y aun así se enferma. Desde 2023 hay muchos casos de bronquitis, rinitis y faringitis crónica”, explicó.
Añadió que los estudios realizados por la comunidad detectaron coliformes fecales en el agua, en niveles ocho veces mayores a lo permitido.
“Hasta el pozo del cárcamo, a más de 20 metros de profundidad, está contaminado. Es grave, porque con esa agua la gente se baña, cocina y da de beber a los animales”, advirtió.
“Además, no sabemos cuánto cloro se está usando para ‘limpiar’ el agua ni qué consecuencias traerá eso a largo plazo. Es un problema social y de salud, no solo ambiental”.
Nahuat Puc añadió que la granja se ubica a apenas 200 metros de la comunidad y a 700 del cárcamo del agua.
“Imagínate, me prohibieron acercarme a un lote catastral que abarca parte de mi patio y mi oficina, porque decían que era parte del terreno en disputa. Eso fue un intento de amedrentarme”, señaló. También denunció que la manifestación de impacto ambiental de la empresa contiene falsedades, como afirmar que no existen comunidades ni escuelas a menos de mil metros, ni cenotes dentro del predio.
“Eso es mentira. Hay doce cenotes en ese terreno. Es una simulación total”, aseguró.
El comisario lamentó que las autoridades hayan dado la espalda a la comunidad.
“A los pueblos originarios como nosotros nos han criminalizado. Nos usan en campañas, pero después nos ignoran. Ni la presidenta municipal se ha parado por allá. La comunidad ya no quiere fotos ni promesas; quiere soluciones reales”, manifestó.
Aunque reconoce que el camino ha sido largo, Nahuat Puc insiste en que la lucha continúa.
“Vivimos en incertidumbre, pero seguimos presionando a las autoridades para que la clausura se cumpla. No sabemos qué esperan. Lo único que pedimos es que esos cerdos se vayan de una vez, porque es una burla para la comunidad”, enfatizó.
“Si hay que hacer nuevas acciones legales o manifestaciones, las haremos. Aprendimos a documentar, investigar y no quedarnos callados. Santa María Chí seguirá en pie de lucha”, finalizó.
