El comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Tun, confió en que la justicia prevalecerá y no habrá acción penal en su contra, luego de las denuncias que enfrenta por su participación en la lucha contra la granja porcícola que opera en su comunidad.
En entrevista exclusiva para Yucatán Ahora, señaló que, pese a la clausura definitiva dictada por la Profepa el pasado 9 de septiembre, la empresa continúa operando con normalidad.
“La comunidad, pese a la clausura total y definitiva que emitió la Profepa el 9 de septiembre de este año, seguimos viviendo las mismas situaciones: la contaminación, el olor y los moscos, porque la empresa sigue operando de manera normal”, denunció el comisario.
Nahuat Tun explicó que su proceso penal deriva de la protesta pacífica que los pobladores realizaron en mayo de 2023, cansados de la contaminación generada por la porcícola.
“El más vulnerable, al estar al frente de la comunidad, fui yo. Me denunciaron penalmente por daño a la cosa inmueble y por privación ilegal de la libertad, algo que no ocurrió”, señaló.
Indicó que ya se han realizado dos audiencias, la más reciente el pasado 13 de octubre, en la que se busca el sobreseimiento del caso.
“El juez fue muy claro al decir que en diez meses no han hecho nada. Les dio diez días al Ministerio Público y a la Fiscalía para aportar pruebas o desistirse”, comentó.
El comisario recordó que desde el inicio del proceso ha enfrentado hostigamiento y medidas restrictivas.
“Cuando empezó en 2023, me impusieron tres meses de arraigo en mi casa. No podía salir sin riesgo de ser arrestado, pese a que tenía que cumplir mis funciones como autoridad”, relató.
Denunció también que el Mecanismo de Protección Federal le negó apoyo, al considerar su caso como un pleito entre particulares.
“Eso fue una violación a mis derechos humanos. No valoraron que era un problema comunitario, el derecho a un medio ambiente sano”, dijo.
Nahuat Tun afirmó que la comunidad vive en condiciones difíciles y bajo constante preocupación.
“Los camiones siguen pasando, los olores son insoportables, y los niños se enferman. No podemos irnos, ahí nacimos y ahí estamos criando a nuestros hijos”, lamentó.
Sostuvo que no se oponen a la porcicultura, sino a la violación de los derechos de las comunidades mayas.
“No estamos contra la porcicultura, sino contra la violación de los derechos a las comunidades. Nos han visto como ignorantes, pero hemos aprendido a defendernos”, subrayó.
Agregó que mantienen activos los amparos y procesos legales en defensa del medio ambiente.
“Los amparos siguen su curso. No los vamos a dejar hasta que esta empresa se vaya y repare el daño que ha causado al agua y a la biodiversidad”, aseguró.
Finalmente, expresó su esperanza en que la resolución judicial sea justa.
“Yo espero que sí haya justicia. La ley debería ser pronta y expedita para todos, no solo para quienes tienen dinero y poder. Confiamos en que esta vez esté del lado de las comunidades”, concluyó.
