El Gobierno del Estado evitó una carga monetaria al erario yucateco al frenar el pago de pensiones de 10 exfuncionarios estatales “por encontrar inconsistencias en el procedimiento en las que se otorgaron, en decisiones tomadas en los últimos días de la administración estatal pasada”, informó el Consejero Jurídico estatal, Mauricio Tappan Silveira.
Este lunes, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán notificó su resolutivo al respecto y, con ello, las pensiones son canceladas por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad que van de los 46 mil pesos mensuales a los 19 mil pesos.
Cabe mencionar que todavía siete casos similares más se encuentran en litigio y en espera una pronta resolución.
La resolución emitida por el mencionado Tribunal, señala que ninguno de los 10 exfuncionarios tenía derecho a pensión, por no satisfacer los requisitos y no cumplir con las formalidades legales para su otorgamiento, informó Tappan Silveira.
“Por tal motivo, la actual administración estatal, en un compromiso con la sociedad de administrar de manera eficiente y transparente los recursos públicos, hizo valer la ley, y canceló las pensiones asignadas en los últimos días del Gobierno estatal anterior que evidentemente fueron concedidas de manera unilateral”, explicó.
Esta acción evitó un gasto de más de $4.3 millones de pesos anuales de recursos públicos. “Específicamente 366 mil 219 pesos al mes, es decir 4 millones 394 mil pesos al año para solo 10 personas”, puntualizó el funcionario estatal.
Las pensiones que fueron canceladas corresponden a Eduardo Batllori Sampedro y Daniel Quintal Ic, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Obras Públicas, respectivamente, quienes pretendían recibir 46 mil pesos mensuales. También, la de José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue representante del exgobernador Rolando Zapata Bello en la Ciudad de México, quien iba a recibir 45 mil pesos al mes.
De igual forma, se cancelaron las pensiones de los exdirectores Ariel Enrique Azcorra Padilla —del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial de Ucú—, Jesús Antonio Paz Pineda —de la Unidad de Asesores— y Elda María Vargas Jiménez —de Procesos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas—, de 40 mil pesos; la de Fernando José Castro Novelo —de Comunicación Social—, 35 mil pesos; de Luis Humberto Hoyos Schlamme —de la Fábrica de Postes—, 30 mil pesos, y de Beatriz Eugenia Solís Sánchez —Departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey—, $25 mil al mes.
Tampoco cobrará pensión Gaspar Javier Arceo Peniche, a quien de último momento se le asignó una de 19,219 pesos al mes.
