[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni la Fiscalía del Estado (FE) aceptaron actuar contra las chiapanecas que venden en el Centro Histórico de Mérida, aseguró el encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Yucatán (Codhey), Miguel Sabido Santana.
El encargado de la Codhey expresó que tras la denuncia interpuesta ante la PGR y la FY por presuntos actos de trata de personas, violación a sus derechos humanos, trabajo infantil para el grupo de mujeres providentes del estado de Chiapas, conocidas como las chiapanecas, que venden en el Centro Histórico de Mérida, ni la PGR, ni la Fiscalía determinaron actuación por estos presuntos delitos.
Sostuvo que en una clara muestra de irresponsabilidad, la PGR determinó no haber encontrado actos presumibles de trata de personas y tampoco acciones que vulneren sus Derechos Humanos. A su vez, la Fiscalía negó acción de abuso contra estas personas y negó acción en el actuar de las personas que las contratan para venir a trabajar a Mérida.
Sabido Santana destacó que, en responsabilidad, la Fiscalía derivó la acción a la autoridad municipal para que intervengan por venta en vía pública, pero es visible un sesgo en el actuar de estas dos dependencias, porque la denuncia interpuesta ante estos organismos es por: trata de menores, abusos y las condiciones infrahumanas en las que viven, a las que son sometidas, así como violaciones a sus derechos humanos.
Señaló que es importante decir que la pretensión de la Codhey es poder darle prioridad a las condiciones en las que viven las poco más de 60 mujeres y niños que viven en pequeñas habitaciones en las inmediaciones del Centro Histórico.
Expuso que tanto la autoridad federal, como la estatal mostraron un claro desinterés por la situación de este grupo de personas que en muchos casos, en expresiones de ellas mismas, viven mejor aquí que en sus sitios de origen.
Sin embargo es evidente que: hay menores que no acuden a la escuela, que son objeto de explotación, que viven hacinados, no reciben un pago remunerado adecuado y carecen de servicios de salud.
En la observación de la investigación realizada por la Fiscalía del Estado negó la condición de inseguridad de estas personas y señaló la necesidad que la autoridad municipal intervenga por sus necesidades como vendedoras ambulantes.
Es importante, apuntó el Ombudsman encargado, que el caso de estas personas se establece desde la necesidad de advertir los distintos problemas que los afectan y no solamente una simple condición de ambulante, repuso.
Es preciso decir que, ante la negativa de las autoridades federales y estatales de intervenir el problema nunca tendrá resultado y se mantendrá la situación sobre este grupo de mujeres, que por ignorancia o desesperación, son pueden demandar la intervención de las autoridades, mencionó.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
