[vc_row][vc_column][vc_column_text]El fraude cometido por directivos de la Sociedad Cooperativa de Autotransporte del Aeropuerto asciende ya a más de 12 millones de pesos, denunciaron los agremiados del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).
La cifra aumentó cuando en la reunión de ayer se informó que la empresa adquirió un nuevo préstamo, ahora por dos millones de pesos, aseveró el integrante de dicha sociedad, incorporada al FUTV, Ricardo Omar Burgos Patrón.
“No hay el dinero para pagar todo lo que se debe, ni se cuenta con el suficiente número de unidades para tan siquiera obtener recursos para el pago de los intereses, pero aún así, nuevamente obtuvieron un nuevo préstamo”, aseveró en conferencia de prensa.
La actitud cometida por el presidente de la cooperativa, Joel Atocha Aguilar Salazar, el tesorero René Eber Pech Palomo, y el apoderado legal de la empresa, Ricardo José López Pérez, perjudica a 70 taxistas que laboran en el Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescensio Rejón”.
Comentó que durante la sesión de socios, se anunció que se solicitó otro préstamo, ahora de dos millones de pesos, sin explicar en que se utilizaría el recurso.
“Piden nuevamente un préstamo, cuando aún no pagan los seis meses que llevan de adeudo al grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), así como a una señora que les prestó 800 mil pesos, a una tasa mensual de intereses del ocho por ciento”, por lo que la deuda asciende a cerca de 10 millones de pesos.
Reconoció la paciente actitud de Asur ante el atraso que tienen en sus pagos, pero que de continuar la anomalía, se perdería la concesión que se tiene en la terminal aérea.
Desafortunadamente, los socios de ésta cooperativa carecen del apoyo del secretario general del FUTV, Héctor “Billy” Fernández Zapata, ya que a pesar de las pruebas presentadas, hasta el momento nada hace para solucionar el problema.
Todo parece indicar que acostumbra a solapar a delincuentes en lugar de resolver un problema que afecta a los socios, lamentó.
Resaltó que en la junta nuevamente se amenazó a los trabajadores, de los cuales dependen cerca de 70 familias, a quienes se les obligar a pagar cuotas sin emitir recibos, así como firmar documentos y contratos sin dar una copia e incluso se niegan a que le tomen una foto.
Finalmente, expresó que en su caso, interpuso una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que por 31 años de servicio le pretenden pagar 100 mil pesos, cuando por ley le corresponden cerca de 180 mil pesos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
