En un hecho sin precedentes, la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado promovió una solicitud para auditar las operaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) que encabeza, Rubén de Jesús Arjona Ortiz, ante la presunción de que protege a ex funcionarios públicos emanados del PAN quienes tienen daño patrimonial millonarios, sin embargo, no han sido denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
En sesión de la Comisión, la diputada local por Morena y presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, María Esther Magadán Alonzo solicitó a la Unidad de Vigilancia y Evaluación (UVE) que realice una acción de evaluación técnica del proceso de auditorías a la ASEY, con el fin de garantizar a la ciudadanía un estricto cumplimiento de la ley.
“Este en un ejercicio de transparencia sin precedentes, ya que por primera vez en la historia se realizará algo como esto lo cual nos permitirá como Congreso, a través de esta Comisión y con pleno respeto a la autonomía de la ASEY, asegurar que las auditorías a los municipios y entidades públicas se lleven a cabo bajo los mismos parámetros”, señaló Magadán Alonzo.
Recordó que el actual titular de la ASEY, Rubén de Jesús Arjona Ortiz fue designado por la legislatura anterior cuando el grupo parlamentario mayoritario era del Partido Acción Nacional (PAN), su período dura 8 años fue designado en diciembre de 2023, por lo que gestión concluye en 2031.
“Nos resulta llamativo que, a la fecha los resultados de las auditorias, no se turne ninguna observación por falta grave a la Fiscalía Anticorrupción, ni se hayan emitido responsabilidades administrativas serias contra funcionarios municipales o estatales, dentro de los plazos que establece la ley. Esto es preocupante, ya que es de conocimiento público que hay ayuntamientos con aparentes daños patrimoniales millonarios, reconocidos en informes preliminares de la ASEY”, afirmó María Esther Magadán.
“Nuestra labor como Congreso, y en particular desde esta Comisión, no es solapar ni proteger a nadie. Nuestra tarea es vigilar, exigir y, cuando sea necesario, corregir. Por eso solicitamos la intervención de la UVE: para una evaluación seria, técnica y objetiva del desempeño de la ASEY. No para vulnerar su autonomía, sino para garantizar que se ejerza de manera efectiva y no selectiva. Para recuperar la confianza ciudadana, debemos asegurar que las instituciones que fiscalizan el dinero del pueblo trabajen con integridad, sin sesgos, sin omisiones y sin componendas políticas. No podemos permitir que, año tras año, los informes reflejen observaciones por millones de pesos sin que ocurra absolutamente nada”, remarcó la diputada.
