[vc_row][vc_column][vc_column_text]A pesar de estar sujeto a proceso por el brutal asesinato de Ema Gabriela Molina Canto, Juan Ramón Moreno Hernández alias “El Cachorro” se quiere dar vida de rey en el Cereso de Mérida, y parece contar con un aliado para lograrlo: el titular del Juzgado Segundo de Control, Luis Mugarte Guerrero, quien le concede casi todas sus peticiones.
En un caso que llama la atención, “El Cachorro” presiona a las autoridades penitenciarias a través de su abogado defensor y de ese tribunal para obtener una serie de privilegios que otros internos no tienen. Por ejemplo, ha llegado al grado de exigir que le compren un colchón para sus visitas conyugales y que le pongan un timbre en su celda para que, cuando necesite algo, llame a los custodios.
En el Cereso está prohibido usar colchones por los resortes y otros materiales que pueden utilizarse para cometer agresiones contra otros internos o atentar contra su propia vida, y por esa razón todos tienen colchonetas.
El reglamento del penal establece que los internos tienen derecho a una visita conyugal a la semana, pero el presunto homicida quiere cinco días y, si es posible, diario.
Otra de las peticiones del presunto autor intelectual del crimen que conmocionó en 2017 a la sociedad meridana es que las autoridades del Cereso le entreguen a su abogado una serie de videos sobre su estancia en la celda, “para demostrar cómo lo tratan”, lo que contraviene las normas de seguridad del penal.
Inexplicablemente, el juez Mugarte Guerrero accede a la mayoría de sus peticiones.
En la larga lista de solicitudes y concesiones, “El Cachorro” ha pedido que lo cambien de celda, que le den una dieta especial y lo atienda un nutriólogo porque es diabético, que le asignen un experto en activación física para que haga ejercicio y que le pongan hamaqueros, cuando también está prohibido usar hamacas en el penal, por el riesgo que implican.
También ha exigido que sea su familia la que le lleve su comida, independientemente de que el Cereso le siga proporcionando sus alimentos. De esa manera, recibe también a sus familiares casi a diario, cuando todos los demás tienen solo los jueves y domingos.
“El Cachorro” está sujeto a proceso por estar implicado como el presunto eslabón entre los asesinos materiales de Ema Gabriela Molina y el ex esposo de la víctima, Martín Alberto Medina Sonda, quien sigue preso en el penal de Tabasco.
Moreno Hernández está imputado como el presunto coautor de ese sonado crimen que sacudió a Yucatán, pues presuntamente él fue quien contrató a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, los asesinos confesos de Ema Gabriela, por orden de Medina Sonda.
Ema Gabriela fue asesinada de 17 puñaladas a fines de marzo de 2017 a las puertas de su casa, en el fraccionamiento San Luis de esta ciudad, por el par de sicarios tabasqueños que recibieron un pago de 60 mil pesos.
Ante esta cadena de privilegios, el asesor jurídico de los familiares de la víctima, Rubén Martínez Arellano, informó el martes pasado, luego de otra audiencia solicitada por la defensa de Moreno Hernández, que no es posible que le den tantas concesiones al procesado, ya que el Cereso no es un centro de esparcimiento para exigir comodidades, menos cuando el procesado recibe en el penal un trato que cumple con los estándares establecidos.
Ayer, en otra audiencia en el Juzgado Segundo de Control, siempre para tratar una petición de “El Cachorro”, la señora Ligia Canto, madre de la víctima, consideró que es posible que el juez “esté pasando los límites” ante tantas concesiones, y recordó que su extinta hija fue recluida injustamente en un penal de Tabasco y allí nunca recibió un trato como el que ahora exige su presunto victimario.
“Mi hija estuvo en una celda de tres por tres con otras 11 mujeres, siendo inocente”, expresó.
La madre de Ema Gabriela indicó que las autoridades del Cereso deben interponer recursos legales para ponerle un alto a tales exigencias y dijo que hace un llamado a la sociedad “para ver qué está pasando allí, tenemos que estar pendientes, no podemos ser apáticos”.
Señaló que un interno del Cereso está sujeto a lo que el Estado le puede dar y no tiene porque exigir privilegios que no tienen otros.
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