[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aunque Carlos Valle Yah se declaró confeso del asesinato de la niña de Tahdziú, los abogados de la familia quieren asegurarse de tener todos los candados para impedir que el homicida salga de prisión.
Desde este sábado el matrimonio conformado por Zenón Gutiérrez Rivero y María Paula Castillo Manzanero, padres de la víctima, ya cuentan con abogados para llevar el proceso en el que se imputó al sujeto y se le vinculó a procedimiento penal, tras lo cual se le dictó prisión preventiva de cuatro meses, que pueden extenderse dos más en caso de que la Fiscalía no concluya las investigaciones complementarias.
Tras la audiencia doble, se realizó en la humilde casa del matrimonio una reunión para explicar a los vecinos de Tahdziú sobre el avance del caso.
La denuncia la presentó Zenón Gutiérrez, quien es mayahablante y requirió un intérprete para ello. Los abogados precisaron que habla un poco de español, pero no lo suficiente como para poder entender todos los términos jurídicos.
Igual se siente más cómodo hablando en maya. Durante la reunión, en la que también participaron periodistas, respondió en lengua indígena a las preguntas, incluso fue parco en sus contestaciones.
Los mismos abogados se encargan de asesorar a la comunidad para que las muestras de indignación se realicen en el marco de la ley.
“Nosotros les aconsejamos que las marchas sean para manifestar indignación, no contra el alcalde o contra la familia del presunto homicida, porque tampoco queremos que se violen otros derechos”, explicó el abogado Jonathan Salazar Herrera.
También participó en la reunión la licenciada Dariana Quintal Narváez, quien es presidenta del grupo ciudadano “Yucatán no más negocios con nuestros hijos”.
Ambos señalaron que el asesinato de la niña y el de una joven chiapaneca en Kanasín, ocurridos ambos en la misma semana, hace necesarios solicitar de nuevo la alerta de género de para Yucatán.
También, agregaron, se hacen necesarias medidas para proteger a los niños de hechos que los pongan en riesgo.
Hasta ahora, indicó el abogado Salazar, quien se dedica a apoyar jurídicamente a grupos desprotegidos, la Fiscalía General del Estado ha actuado de manera sensible y ágil, igual que la Policía Estatal.
“Enseguida se puso en marcha el protocolo de feminicidio, lo cual abre la posibilidad de que acusado reciba la pena máxima de 50 años, que hasta ahora solo se ha aplicado en el caso de Ema Gabriela Molina Canto y uno o dos casos más”, explicó el joven abogado.
“Esperemos que siga el apoyo para la familia y la comunidad de Tahdziú, que no los hagan dar vuelta o que sean ignorados”, concluyó.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
