La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer nuevas medidas aprobadas por la Cámara de Diputados contra quien secuestre casetas de peaje, cierre o obstaculice carreteras federales e infrinja reglamentos al libre tránsito.
La dependencia federal dio a conocer las nuevas sanciones punitivas en la Reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación y que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación que sancionan hasta con siete años de cárcel a quien o quienes provoquen este tipo de acciones y en su caso ocasiones perjuicios al libre tránsito en carreteras federales.
El decreto establece sanciones a quienes dañen dichas vías o interrumpan operación de los servicios de peaje, sanciones y penas que entrará en vigor a partir de mañana miércoles 23 de febrero.
La dependencia federal notificó que, los cambios realizados a la Ley Ley de Vías Generales de Comunicación en el artículo 533 establece: “A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.
La sanción será para quien o quienes ya sea total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El decreto validado en la Cámara de Diputados sancionará a quienes dañen, perjudiquen o destruyan dichas vías o los medios de transporte, o que para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.
De manera persistente grupos de la delincuencia organizadas, así como grupos magisteriales y de estudiantes cercanos al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han tomado como condición cerrar carreteras, apropiarse de casetas de cobro y vías férreas para presionar a gobiernos estatales y federales a responder a sus caprichos y requerimientos.
Según datos de Coparmex, anualmente el país pierde unos 35 mil millones de pesos por el cierre de carreteras en manifestaciones y mítines, demoras y pérdida de productos, además de cobros externos y abusos por parte de grupos delictivos y políticos que usan las carreteras para sofocar la producción de alimentos y dañar a la población.
