[vc_row][vc_column][vc_column_text]Este miércoles, activistas entregaron un oficio a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) para que se emitan recomendaciones ante instancias y dependencias que vulneren los derechos de la comunidad LGBT.
La solicitud fue dirigida para el titular de la dependencia, Miguel Óscar Sabido Santana, pero no se encontraba y se dejó el escrito en la recepción.
De igual manera se puso de manifiesto lo ocurrido el pasado 10 de abril en el Congreso del Estado, cuando los diputados determinaron no legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
La doctora Ligia Vera Gamboa señaló que dicha negativa genera una serie de afectaciones y violaciones a los derechos humanos, tales como la vida, la seguridad, la integridad y el derecho a un proyecto de vida, razón por la cual se entrega el documento.
Aseguró que en su documento imponen diversas argumentaciones relacionados a la afectación del derecho a la igualdad y la prohibición de la no discriminación, teniendo como ejemplos algunos antecedentes como el caso Atala y Niñas contra Chile, donde una mujer lesbiana quería ejercer la maternidad y se la negaron.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado que la figura del matrimonio no es inconstitucional y que no es válido que se diga en congresos y leyes locales que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer con fines de procreación, ya que incluso parejas heterosexuales no siempre tienen ese fin.
Menciono que incluso el Código de Familia contiene una categoría que catalogó como sospechosa, ya que prohíbe la figura jurídica del matrimonio y limita las relaciones familiares como un beneficio exclusivo para las parejas heterosexuales, resultando contraproducente.
“En este apartado, el mismo código de familia se contrapone al artículo 1 de la constitución política del estado de Yucatán y por supuesto al artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y por eso se habla de una categoría sospechosa, porque hay un dictamen superior que dice que todos somos iguales ante la ley y que las etiquetas, incluida la orientación sexual, la cual no debe tener un trato diferente y en este sentido, el código de familia está en contra de esta situación y por supuesto la dignidad humana, ya que todas las personas tenemos derecho a la misma dignidad y esto implica los derechos humanos en general, a formar una familia, o no tenerla y es un problema que se está jugando”, expresó.
Aseguró que “con base en todo lo anterior, se exhorta al presidente de la Codhey que emita una recomendación respectiva el artículo 8 constitucional, que obliga al presidente a dar una respuesta”
La doctora Vera dijo que se tiene que esperar la respuesta del titular y actuar de acuerdo a su solución, y recordó que, en caso de recibir una repuesta negativa, estaría incurriendo en faltas como servidor público ante la Codhey y la CNDH.
Aseguró que no hay ninguna garantía, pero “creo que en la medida que los ciudadanos exijamos el respeto a nuestros derechos, es que podemos ver los cambios”.
Los activistas advirtieron que sería incongruente de parte del titular dar una respuesta negativa, ya que su fin es velar por los derechos humanos de todos, razón por la cual solo tendría una opción.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
