Por Yucatán Ahora
El pasado 11 de julio de 2025, el Cabildo de Mérida tomó una decisión contundente: reportar al buró de crédito a los contribuyentes morosos del impuesto predial con adeudos superiores a los $100,000 pesos que ya constituyan un crédito fiscal.
Esta medida, que afecta a los grandes deudores entre las propiedades registradas, no es un mero acto recaudatorio tras agotar notificaciones y convenios sin intereses. Es, ante todo, un reclamo de justicia fiscal elemental y un recordatorio urgente del pacto fundacional de la democracia.
El principio es irrenunciable. Los impuestos, entre ellos el predial, y todas las demás recaudaciones, participaciones federales, ingresos, etc., no son limosnas otorgadas al capricho, sino el sustento vital del presupuesto municipal. Constituyen un mandato político claro, un contrato con la ciudadanía meridana sellado con el voto y el tributo.
Quienes confiaron, quienes votaron y quienes contribuyen con su dinero tienen el derecho inalienable de exigir que esos recursos se traduzcan en beneficios y servicios, como calles dignas, alumbrado eficiente, servicios públicos funcionales y apoyos sociales tangibles. Ese es el intercambio esencial: contribución a cambio de bien común.
Es innegable que la sombra de la ineficiencia y la corrupción ha alimentado históricamente el incumplimiento. ¿Fueron los deudores quienes dejaron de pagar por desconfianza, o fue la desconfianza el fruto de promesas incumplidas?
Ambas realidades se han retroalimentado en un círculo vicioso. ¿La medida del buró romperá esa dinámica? Envía un mensaje inequívoco: pagar es requisito para integrarse al sistema de oportunidades. Quien incumple asume el costo: pérdida de acceso a financiamientos, desarrollos y crecimiento. Es una disciplina colectiva necesaria.
Pero la responsabilidad no recae solo en el contribuyente. El verdadero desafío para las autoridades es ese pasivo a la ciudadanía. De nada sirve una recaudación firme si los recursos no se transforman en beneficios palpables para la ciudadanía.
Los millones de pesos que se buscan recuperar, destinados a vialidades, luminarias y programas sociales, deben materializarse sin excusas en calles libres de baches, luminarias que enciendan la seguridad, espacios públicos dignos y apoyos sociales efectivos y transparentes.
El riesgo es claro: un “buen movimiento fiscal” puede convertirse rápidamente en otro capítulo de desilusión si los resultados no llegan.
La evolución recaudatoria de Mérida es notable; este salto refleja una mayor capacidad, pero también impone una obligación proporcionalmente mayor al municipio. El predial en Mérida ha dejado de ser un simple impuesto; es una herramienta de empoderamiento ciudadano.
Quien paga no pide lujos, exige eficiencia.
Hay avances, sí, pero deben intensificarse y ser visibles, transparentes y constantes. La confianza se construye con hechos. Si la eficiencia se demuestra, se fortalece la disposición a contribuir, se refuerzan las instituciones y se crea un círculo virtuoso, paz y orden social. Si se traiciona, el mecanismo del buró será solo una espada de doble filo: presión hoy, desafección mañana.
Por ello, este recordatorio:
Ustedes los servidores públicos. Son mandatarios no porque manden, sino porque llevan el mandato ciudadano. Han tomado la decisión de cobrar con mayor rigor.
ES LEGÍTIMO. ES NECESARIO.
