Radar Político
La reciente clausura de varios negocios en la zona costera de San Bruno ha reavivado un conflicto añejo entre los municipios de Progreso y Dzemul, que desde hace años mantienen una disputa por una franja codiciada de la Costa Esmeralda, no sólo por su belleza natural, sino por su alto valor económico.
Ambos ayuntamientos reclaman esta zona costera debido a los importantes ingresos que representa: permisos de construcción, impuesto predial, licencias comerciales y cobro de derechos por uso de suelo. Para cualquier administración municipal, estos ingresos significan millones de pesos anuales, y ninguno está dispuesto a ceder el control.
El municipio de Dzemul, ubicado al norte del estado de Yucatán, limita con Telchac Pueblo, Motul, Cansahcab y Sinanché. Su territorio se extiende hasta la costa, donde tiene jurisdicción sobre puertos como San Bruno, una zona que históricamente ha sido reclamada también por Progreso. Este último colinda al oeste con Dzemul, y ambos comparten una porción de litoral que, lejos de dividir, debería unir.
Durante la administración estatal de Mauricio Vila Dosal, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado intentó sin éxito mediar entre el entonces alcalde de Progreso, Julián Zacarías, y el edil de Dzemul, William Flota, sin lograr resolver el diferendo. A pesar de los intentos, la disputa sigue viva y sin solución legal definitiva.
Por costumbre, durante años ha sido el Ayuntamiento de Progreso quien ha cobrado permisos de construcción, licencias comerciales e impuesto predial en la zona. Esto se debe en gran medida a que los propietarios de predios en San Bruno, al no tener claridad en la delimitación, acudían al municipio más cercano con mayor infraestructura: Progreso. Así, el trámite se volvió rutina, y la rutina, ley no escrita.
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de San Bruno. Basta con mirar el caso de la comisaría de Temozón Norte, que pertenece a Mérida, pero cuyos habitantes pagan el servicio de agua potable en Progreso, a pesar de que el prestador oficial es la JAPAY. Es decir, la costumbre muchas veces se impone sobre la legalidad.
Ahora bien, si se revisan los mapas oficiales del estado de Yucatán, como los emitidos por el INEGI y la Secretaría de Administración y Finanzas, los límites territoriales dan la razón al municipio de Dzemul. San Bruno aparece dentro de su demarcación, aunque Progreso haya sido históricamente quien ha gestionado los servicios y cobros.
El problema es más político que técnico. Ambos ayuntamientos pertenecen a partidos distintos y tienen intereses enfrentados. Por ello, es fundamental que el Gobierno del Estado, a través de su Consejería Jurídica y el Congreso local, intervenga para zanjar de una vez por todas esta disputa que pone en entredicho la certeza jurídica de los propietarios y la gobernabilidad local.
