El director de la Agencia de Transporte de Yucatán, Juancito Sosa Novelo, reveló que hallaron más de 1.6 millones de pesos en efectivo en distintas oficinas de la dependencia, sin que se hubiera reportado oficialmente su existencia.
Según explicó en conferencia de prensa, parte del dinero —exactamente 756 mil pesos— fue localizado en cajones y cajas de archivo muerto en las instalaciones ubicadas en la calle 39, donde operaba el programa de credencialización, recursos que se generó por la venta de los plásticos que hoy quedaron descontinuados al cambiar el esquema de cobro.
“Fue impresionante”, declaró, al señalar que se trataba de efectivo cobrado por tarjetas que debieron haber sido entregadas gratuitamente.
Sosa Novelo detalló que la situación salió a la luz tras su nombramiento como director general de Transporte el 1 de enero y, posteriormente, como encargado del despacho de la agencia el 1 de febrero.
Durante ese mes de transición, aseguró que en las actas de entrega-recepción no se mencionó la existencia del efectivo ni de los recursos en poder de una empresa privada autorizada para operar el sistema de tarjetas.
“Alguien quería quedarse tal vez con este dinero”, comentó, al precisar que gracias a gestiones extrajudiciales se logró recuperar la suma completa.
De hecho, señaló que tras dar conocer la situación de la ATY ante el Congreso Estatal, dos funcionarios de la dependencia renunciaron a sus cargos.
El funcionario también informó que el martes se presentaron las primeras denuncias penales ante las autoridades correspondientes.
Las investigaciones buscan esclarecer quiénes fueron los responsables del ocultamiento y manejo indebido del dinero público.
En paralelo, adelantó que se realizan dos auditorías internas que podrían derivar en nuevas acciones legales.
“Lo que estamos encontrando, lo estamos denunciando”, afirmó Sosa Novelo, remarcando que el proceso se conduce con total transparencia y apego a la legalidad.
Ante la pregunta de si se podría involucrar a funcionarios de más alto nivel, incluso del gobierno estatal, el director respondió con cautela, señalando que no se pueden adelantar conclusiones sin pruebas.
“Si se arrojan conductas evidentemente delictivas, tenemos que proceder en consecuencia”, dijo.
Por el momento, las denuncias se dirigen contra quien o quienes resulten responsables, ante la Fiscalía Anticorrupción.
En torno a la situación general de la ATY, Sosa Novelo señaló que se realizará un estudio que será costeado por los concesionarios del transporte, con el fin de que se pueda tener certeza de las necesidades de movilidad en Mérida, mediante el cual, se tomarán medidas para el funcionamiento de la Agencia.
Asimismo, refirió que se tendría que analizar si se aplica o no un alza a las tarifas pues reconoció que el organismo requiere recursos para su operación, los cuales no pueden ser otorgados en su totalidad por el Ejecutivo Estatal.
