El colectivo Marea Verde en Yucatán retoma fuerza con una campaña permanente impulsada por colectivos feministas, organizaciones civiles y activistas a favor de los derechos humanos, para exigir la autonomía corporal, la salud sexual y reproductiva y el derecho al aborto libre, sin limitaciones, ante la posibilidad de que se despenalice.
Los esfuerzos de la agrupación se enfocarán en visibilizar la urgencia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de personas con capacidad de gestar, además de vigilar los avances legislativos en la materia, con los estándares más altos en derechos humanos.
Integrantes de Marea Verde recordaron que existen dos iniciativas que fueron presentadas en el Congreso local por las diputadas, Clara Rosales Montiel (Morena) y Larissa Acosta Escalante (Movimiento Ciudadano), que representan una oportunidad para avanzar en el tema de la criminalización de la interrupción del embarazo.
“En nuestra constitución yucateca se protege a la vida desde la concepción, y de acuerdo a las declaratorias de inconstitucionalidad de la SCJN y las sentencias que han emitido, esto va en contra del derecho pro-personas. El equipo técnico del Congreso ya ha hecho varias propuestas de dictámenes y entre esas tenemos el conocimiento que se está limitando el aborto a las 12 semanas, la justificación de esta limitante es con base en que todos los estados del país que ya han despenalizado el aborto están resueltos de esta manera, salvo Sinaloa que tiene el número de semanas más amplio con 13”, manifestó la abogada, Andrea Tamayo Cáceres, en rueda de prensa.
“Tenemos una situación preocupante en Yucatán en materia de salud, porque el aborto es materia de salud pública, lamentablemente lo vemos desde la parte legal, como un delito, pero hay que verlo desde el área real, como un problema de salud pública que no se está atendiendo en razón de la prevención de embarazo adolescente, atención de la salud sexual y reproductiva, de las enfermedades de transmisión sexual, hay un error por parte del sistema que nos está fallando a las mujeres, niñas y adolescentes. Limitarlo a las 12 semanas es preocupante, si nos vamos al territorio que no es Mérida, en los municipios, periferias, cuántas mujeres en verdad tiene la capacidad de ir a un hospital y que las atiendan con perspectiva de género, de derechos humanos, que no las criminalicen”, añadió.
De acuerdo con las activistas, las cifras reflejan una crisis en derechos humanos, ya que en 2022 se registraron 118 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años en la entidad. Al ampliar el rango de edad de 10 a 17 años, el número asciende a mil 541, lo que representa un contexto de violencia sistemática que obliga a niñas y adolescentes a asumir maternidades forzadas en un entorno de abandono institucional y social.
“Vamos a respetar lo que se determine por parte de nuestras legisladoras y legisladores, lo que vamos a hacer de este lado, desde sociedad civil, es informar, comunicar, educar y poner en la mesa la necesidad de que no solamente es legislar, sino que en materia de salud pública el sistema de Yucatán tiene que cumplir con una serie de lineamientos, requisitos, para que no sean las colectivas las que sigamos sosteniendo el dar pastillas de emergencia, condones masculinos, femeninos, que sí lo podemos seguir haciendo, pero que también salud cumpla su parte”, indicó.
Asimismo, la agrupación reprobó que el Congreso de Yucatán haya concedido espacio a grupos antiderechos que en lugar de aportar al debate democrático, han difundido desinformación y vulnerado el derecho a decidir. La despenalización del aborto no debe ser objeto de discusión, sino una garantía, como ya lo establece una sentencia y las declaratorias de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN.
“Gran parte del trabajo que realizan las colectivas y organizaciones feministas en el estado tiene que ver precisamente con proveer servicios, información respecto al aborto seguro y cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, nos hemos encontrado con situaciones lamentables donde ni siquiera hay pastillas de emergencias, acceso a anticoncepción en ciertas partes y municipios muy lejanos”, dijo, por su parte, Kelly Ramírez Alpuche.
“Ante la falta de acceso, una consecuencia es que ahora se estén presentando mayoritariamente altos índices de aborto, sigue pasando y sí se tiene que tomar en cuenta como una cuestión de salud pública, las personas con capacidad de gestar van a seguir abortando en Yucatán, legislen o no, y lo van a hacer de manera segura de la mano de la organización civil y colectivos feministas, es importante que las autoridades tomen en cuenta esto, más allá de clichés moralistas o la presión que ejerzan grupos antiderechos, sino legislar en favor de las mujeres, por su salud sexual y reproductiva”, agregó.
