El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (CETUR), Jorge Castillo Sáenz, dio a conocer que solicitaron una auditoría sobre unas “cartas de instrucción” con cantidades desproporcionadas que fueron autorizadas el último día de la pasada administración estatal y que en conjunto alcanzan la cantidad de 28 millones de pesos.
Sin embargo, dejó en claro que la propuesta de investigación no está dirigida al proceso que resultó legal, pese a “ligeras modificaciones”.
De acuerdo con Castillo Sáenz, alrededor de mayo pasado, recibieron a firma unas cartas de instrucción con presuntos pagos a proveedores que lucían fuera de lo normal a lo que se estaba cobrando normalmente por campañas de promoción turística.
Cabe recordar que existe un Fideicomiso de Promoción Turística confirmado por cuatro integrantes de la iniciativa privada y cuatro del sector público, donde se presentan todos los proyectos de inversión para el año el turno, se aprueban y se llevan a cabo.
“El primer problema o tema que se presentó es que a finales del gobierno de Rolando Zapata y principios de Mauricio Vila se hicieron cambios en los estatutos del fideicomiso, anteriormente el 100 por ciento del impuesto al hospedaje, que es el cinco por ciento y va a este Fideicomiso de Promoción Turística, se depositaba en su totalidad, pero entrando Vila hicieron una modificación para solamente depositar el 50 por ciento”, dijo el titular del CETUR.
“Fue un cambio que se realizó y la iniciativa privada nunca estuvimos enterados, porque hasta el último año de gobierno de Mauricio Vila fue cuando ejecutaron esa cláusula, durante los primeros cinco años siempre se depositó el 100 por ciento. De hecho, fue una de las primeras solicitudes que le hicimos a los candidatos a la gubernatura cuando estaban en campaña, que el que ganara nos devolvieran el 100 por ciento del recurso, ya hicimos la solicitud al gobernador actual y estamos a la espera de ver qué pasa”, agregó.
Asimismo, los dirigentes ya pidieron que les regresen la mayoría en el Fideicomiso, dado que anteriormente se contaba con cuatro miembros privados y tres del Gobierno.
Castillo Sáenz recordó que cuando se aprueba alguna campaña de promoción turística, para pagar a los proveedores y direccionar la carta de instrucción al banco Banorte, institución que maneja ese recurso, tiene que estar firmada por dos integrantes de la iniciativa privada y otros dos del ámbito público, un procedimiento que se ha aplicado desde que comenzó sus funciones el Fideicomiso.
Por lo general, por parte del sector privado firman el mismo Castillo Sáenz en su calidad de presidente del CETUR y el representante en turno de la Asociación de Hoteles, mientras que por la esfera gubernamental lo hacen los Secretarios (as) de Turismo y Desarrollo Económico.
“Siempre ha sido así, lo que pasó es que en mayo del año pasado nos empezaron a mandar cartas de instrucción, yo soy siempre el último que firma, y detecté que había cifras que la verdad estaban muy infladas, me puse de acuerdo con Juan José Martín Pacheco, de los hoteleros, y con otros dos miembros de la iniciativa privada, quienes no firman, pero siempre hacemos partícipes, les comenté que estaban pasando facturas elevadas y decidimos no firmarlas”, manifestó.
“Para empezar eran proveedores que desconocíamos, con conceptos y cuotas muy altas, optamos por no firmarlas, cuando entró el actual Secretario, Darío Flota, le comenté que existían siete cartas de instrucción que suman alrededor de 28 millones”, añadió.
Empero, en la última sesión del Fideicomiso, Flota Ocampo le comunicó a los integrantes de la agrupación que el pago finalmente salió, ya que aunque los dirigentes privados no lo avalaron, las cuatro firmas necesarias sí fueron cubiertas por parte de la representación pública.
“Lo que llama la atención es que el último día de la administración pasada firmaron los cuatro del Gobierno del Estado las cartas de instrucción para que saliera esos casi 28 millones. Cuando me enteré, en el fideicomiso está el banco Banorte, externé mi inquietud y extrañeza de cómo era posible, si históricamente siempre habíamos firmado dos y dos, cómo el último día firmaron los cuatro del gobierno y sacaron los pagos”, reiteró.
Castillo Sáenz destacó que no se trata de una decisión personal, sino de todos los asociados del CETUR, quien le han solicitado levantar la mano y cuestionar, qué pasó, dónde quedó ese dinero, a quién se le pago, por qué se le pagó y por qué salió de esa manera.
“Solicitamos una auditoría a esos siete pagos específicamente, a esas siete cartas de instrucción que se autorizaron, cada una puede tener como cuatro o cinco órdenes de pago, para ver quiénes son esos proveedores, canalizar los montos que estaban cobrando y estamos a la espera de la respuesta por parte del Gobierno Estatal actual de ver qué arroja la investigación”, expresó.
Por último, el promotor turístico reveló que se mantienen a la espera de convocar a una próxima asamblea del Fideicomiso para conocer algún resultado.
“Aclaro que no estamos cuestionando si fue legal o no que hayan sacado así el recurso, porque si nos apegamos a la legalidad, pues sí fue legal, porque los estatutos dicen que se necesitan cuatro firmas, aunque la casualidad es que después de 20 años que siempre han salido dos firmas del gobierno y dos de iniciativa privada, en esa ocasión el último día aplicaron cuatro firmas sólo del gobierno”, apuntó.
“Lo que solicitamos es que se analicen esas facturas con sobreprecios y deslindar responsabilidades, eso pedimos nada más, la idea es no quitar el dedo del renglón, eso no puede pasar, yo siempre he actuado y dicho que tienen que ser cuentas claras para todo”, concluyó.
