La despenalización del aborto en Yucatán y permitir la autonomía reproductiva es parte de la agenda de justicia social y un compromiso ineludible de la Cuarta Transformación, afirmó la diputada local del Morena, Neyda Pat Dzul.
Luego de que dos diputadas presentaron sendas iniciativas en ese sentido, Pat Dzul recordó que los principios progresistas de la 4T señalan ese compromiso con las mexicanas.
“El reconocimiento del derecho a decidir sobre el propio cuerpo no es una concesión, ni una opción sujeta a criterios personales, sino una exigencia constitucional, una deuda histórica y un compromiso irrenunciable con los derechos humanos y la justicia social”, dijo.
Recalcó que la autonomía reproductiva de las mujeres es un derecho humano fundamental, garantizado por nuestra Constitución y respaldado por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“Legislar en materia de la autonomía reproductiva es un imperativo jurídico, social y político que responde a la agenda nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y a las políticas públicas del Gobierno Federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaria de Mujeres del Gobierno Federal, Citlali Hernández”, reiteró.
Por lo tanto, agregó, el reconocimiento de este derecho no es opcional, es una obligación derivada de nuestro compromiso con la transformación de México y con la erradicación de las desigualdades estructurales que han condenado a millones de mujeres, a enfrentar riesgos innecesarios de muerte por decidir sobre su proyecto de vida, violencia institucional y criminalización por ejercer su derecho a decidir, especialmente a las que tienen una situación económica precaria.
“Las mujeres no deben seguir expuestas a procesos clandestinos ni a la persecución legal por tomar una decisión que atañe únicamente a su cuerpo y a su proyecto de vida”, señaló.
Afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara: criminalizar la autonomía reproductiva de manera absoluta es inconstitucional.
“Esto no es un debate de creencias individuales, sino un tema de justicia, de derechos humanos y de responsabilidad estatal”, concluyó.
