Exigen a las autoridades erradicar la llamada violencia vicaria, al considerar que esta manifestación no solo afecta a las mujeres, sino que también involucra a las infancias.
La representación en Yucatán del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (Fncvv) advierte que esta problemática sigue siendo una realidad que aqueja a mujeres y niños en el estado, los cuales suelen ser objetos de manipulación y control con el cobijo de las autoridades.
“La violencia vicaria es una de las manifestaciones extremas de la violencia de género e institucional porque el sistema legal y social incumple en defender y proteger a las víctimas. El Estado tiene una deuda histórica con las mujeres en Yucatán y debe tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a las madres”, señaló Gabriela Pérez Polanco, representante en Yucatán de la agrupación.
Señaló que, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, se estableció que en Yucatán el 71.4% de las mujeres manifestaron haber sido presa de algún tipo de violencia, lo que refleja una urgente necesidad de implementar medidas para el combate del problema.
Asimismo, se reportó que Yucatán es una de las entidades a nivel nacional con mayor crecimiento de casos de violencia vicaria, con el 35% hasta el mes de octubre, de una cifra que encabeza Campeche con el 250% y Quintana Roo, con el 45%.
Ante este panorama, la agrupación llamó a las autoridades a implementar acciones para mejorar la respuesta ante cualquier manifestación de este tipo de violencia en el estado.
“Acceso a la Justicia. Creación de juzgados familiares especializados en materia de violencia familiar con especial énfasis en la violencia vicaria. Implementar programas de capacitación continua para el personal de todas las instancias municipales y estatales, en temas de perspectiva de género”, refirió María José López Pacheco, otra de las integrantes del grupo.
También, se propuso especializar al personal judicial para atender la violencia vicaria, así como el fortalecimiento de los centros de atención a mujeres, así como difundir los alcances de este tipo de violencia en instancias estatales.
De igual manera, activistas exigieron que haya castigo para los funcionarios que también incurran en actos de violencia.
“El castigo de todos y cada uno de los entes dizque servidores públicos que incumplen con su deber y que son, hasta cierto punto, partícipes y cómplices de la violencia que se vive”, apuntó Ligia Canto Lugo, activista y defensora de la mujer.
Se reiteró la exigencia de que haya acciones inmediatas y concretas de las autoridades municipales y estatales para proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia y para que se implemente una legislación efectiva que refleje la gravedad de la violencia vicaria y proteja a todas las mujeres e infancias.
